El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá alertó que el país se encuentra en una disyuntiva en la que tiene que decidir entre dos caminos, el de fortalecer instituciones o demolerlas.
Durante el foro Jornadas por la Independencia Judicial a 30 años de la Reforma Judicial de 1994, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y sin hacer mención a ningún partido, aunque en aparente referencia al proceso electoral, el juzgador sostuvo que los mexicanos se verán obligados a decidir.
“Nos encontramos en una encrucijada. Como tantas otras veces en nuestra historia, se nos pide elegir entre dos caminos: la continuidad, la consolidación y el perfeccionamiento de nuestras instituciones o su demolición completa, su reemplazo por una nueva realidad de la cual no tenemos más que un bosquejo borroso e inexacto”, aseveró.
Además, pidió que “reflexionemos antes de elegir, pues no somos nosotros los jueces actuales, sino también las generaciones que habrán de sucedernos quienes vivan las consecuencias de nuestra decisión y del posible error que se cometa”.
Antes, González Alcántara Carrancá sostuvo que las reformas que se buscan realizar al Poder Judicial tienen un aparente tinte electoral, ya que cuando un gobierno no es capaz de cumplir sus promesas antes de los comicios, éste ve a la judicatura como un obstáculo para conseguir el triunfo.
Asimismo, insistió en que estos cambios a la ley perjudican a la población y a la judicatura, y benefician a los gobernantes.
Al hablar sobre la reforma a la Ley de Amparo, el ministro señaló que ésta busca privilegiar los intereses de la facción en el poder.
“Se pretende privilegiar el interés general, léase el de la facción en el poder, por encima de las posibles afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, bajo el argumento de que los proyectos de infraestructura tienen la suficiente relevancia para hacer a un lado los intereses de la misma población”, afirmó.
Por otro lado, al abordar la reforma que impulsa el presidente López Obrador, con la que el mandatario busca que los juzgadores sean electos en las urnas, González Alcántara señaló que esto deja de lado la profesionalización y el conocimiento.
“En lugar de privilegiar el mérito, en lugar de privilegiar la especialización, en lugar de privilegiar la neutralidad a través de procedimientos rigurosos y minuciosos, (...) se nos propone una suerte de concurso de popularidad, donde se privilegian las promesas grandiosas por encima de las bases doctrinales sólidas”, alertó.
Antes, el juzgador lamentó los constantes ataques que recibe la judicatura, ya que éstos afectan al sistema político que vive México desde hace pocos años.
“El árbol de la democracia requiere tiempo para madurar y requiere tiempo para comenzar a rendir sus frutos y su tronco aún no es lo suficientemente robusto para poder resistir los embates de una retórica populista que pretende retratarlo como un verdadero obstáculo para un nuevo proyecto de nación”, sentenció.
Asimismo, agregó que, “en los últimos años, este embate, que comenzó como un vendaval relativamente moderado ha alcanzado proporciones ciclónicas desde todas las tribunas que, por su naturaleza, han desarrollado las ramas políticas del gobierno; resuenan un día sí y el otro también discursos encaminados a desacreditar la labor de los tribunales”.
Sin embargo, González Alcántara lamentó que la judicatura no cuente con medios suficientes para hacer frente a esta ola de descalificaciones, especialmente cuando llegan desde la más alta tribuna del país.
“Cuando el titular del Ejecutivo de nuestro país, desde ese púlpito privilegiado, retrata al personal judicial como parte de una élite desarraigada del pueblo, carente de legitimidad, que presumiblemente otorga la elección popular cualquier intento de defensa, resulta inadecuado e insuficiente”, señaló.