El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe Anual de Derechos Humanos que México dejó sin investigar ni enjuiciar la mayoría de casos criminales como homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones.
Además, la agencia estadounidense resaltó que el nivel de violencia en el país se mantuvo alto.
En su informe, el departamento señaló que entre los principales problemas del país en materia humanitaria se encuentran los homicidios, la tortura, las detenciones arbitrarias, el narcotráfico, la violencia de género y contra la comunidad LGTBIQ+, entre otros.
Desde un inicio, la agencia advierte que “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante 2023″.
Además, especificó que, en muchas partes del país, las organizaciones dedicadas al tráfico de personas continúan actuando en colusión con las autoridades locales.
Cuando este mismo informe fue publicado el año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que lo hecho por el “departamentito del Departamento de Estado es un bodrio”.
Además, acusó a la agencia que “no cambia, es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho? Es una violación flagrante al derecho internacional”.
Ahora, las autoridades estadounidenses remarcaron que algunos de los problemas que detectaron el año pasado se mantuvieron, y agregaron algunos nuevos.
Un punto que hay que resaltar es la alerta que hace el Departamento de Estado por el incremento a los ataques en contra de la judicatura.
Después de que el año pasado incrementaron los comentarios del Presidente en contra del Poder Judicial, tras la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, la agencia estadounidense tomó nota de estos actos.
“El presidente López Obrador y otros actores gubernamentales atacaron verbalmente al Poder Judicial, especialmente a la Suprema Corte, criticando a los jueces que fallaron en contra de la administración en numerosas ocasiones”, señaló.
En este sentido, la dependencia dejó ver que estos reclamos permearon hacia la ciudadanía, y retomó los hechos que se dieron hace un año en una protesta en contra de la Suprema Corte.
“En marzo (de 2023), durante una gran manifestación en la Ciudad de México, simpatizantes del gobierno quemaron una efigie de la presidenta de la Corte, Norma Piña, acusándola de corrupción”, detalló.
Por otro lado, las autoridades estadounidenses alertaron por las serias restricciones que se viven en el país en materia de libertad de expresión, especialmente por la violencia que hay en México en contra de los periodistas.
En este sentido, subrayó que “la desacreditación oficial de los trabajadores de prensa continuó. Políticos, incluido el presidente López Obrador, desacreditaron y criticaron públicamente a dichos periodistas, presentándolos como sesgados, partidistas y corruptos”.
En este mismo punto, retomó lo publicado en 2022 por la organización Artículo 19, que registró al menos 176 comentarios despectivos de la Oficina del Presidente dirigidos a medios de comunicación, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, concluyó que “medios independientes estuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricciones”.