El potencial que tiene México frente al nearshoring, que podría representar inversiones adicionales por 35 billones de dólares, enfrenta dos principales amenazas: la inseguridad pública y la falta de certeza jurídica que vive el país.
Así lo estimaron especialistas que participaron en el seminario Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal en México, que organizan barras de abogados e instituciones de educación superior.
“Cuando uno pregunta a las empresas cuál es la mayor preocupación que tienen en este momento, la respuesta número uno es la inseguridad”, advirtió Javier Martín Reyes, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Explicó que para los empresarios la preocupación por la falta de seguridad en México es mayor a la que pudieran tener por falta de crédito, alza de materiales e, incluso, por el marco regulatorio y competitivo.
Dijo que, si bien la crisis de inseguridad se heredó de pasadas administraciones, el actual gobierno se consolidó con el mayor número de homicidios dolosos en la historia reciente del país y registra un alza alarmante en el delito de extorsión.
Los especialistas reconocieron que México tiene fortaleza y una posición privilegiada para la atracción de inversión, tanto por su ubicación geográfica como por factores externos a los esfuerzos del propio país.
Domingo Ruiz, miembro de la Coparmex, dijo que, si a eso se suma un esfuerzo del gobierno para fortalecer las instituciones y mantener la estabilidad económica, México se potenciaría de manera importante.
Estimó que ese será uno de los principales retos de la próxima administración, aunque manifestó su preocupación por el futuro de la seguridad jurídica para la inversión.
Los especialistas recordaron que Claudia Sheinbaum ha propuesto un plan C, que, en síntesis, busca desmantelar los pilares que sostienen la seguridad jurídica.
“Sabemos que la dinámica de la comunicación política en las campañas es irse más a lo popular, divertido o la denostación, que a la propuesta”, dijo Ruiz López.
José Ángel Santiago, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, dijo que lo que se necesita son reglas claras y estables para la inversión, así como un Poder Judicial independiente.