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Militarización de AMLO ‘ha fallado’, advierte informe de México Evalúa sobre estrategia de seguridad

Los estados con más protección militar reportaron más del doble de homicidios que los que contaban con policía o guardia civil en el sexenio de AMLO.

México Evalúa señaló que la estrategia de AMLO no ha dado resultados con la inclusión de militares. (Cuartoscuro)

El centro de pensamiento México Evalúa presentó este martes un reporte en el que se refleja que en 2022 los estados del país cuya seguridad dependía de las Fuerzas Armadas presentaban una tasa de homicidio anual de 80 cada 100 mil habitantes, a comparación de una tasa de 34 cada 100 mil en las entidades con civiles al frente.

El informe, titulado ‘La Otra Militarización, Fuerzas Armadas al frente de las instituciones estatales de seguridad pública en México, 2011-2024′, recoge la progresiva importancia del papel de las fuerzas militares, especialmente la Secretaría de la Marina (Semar), como garantes de la seguridad en muchas entidades federativas del país.

“Existe una alta rotación en la titularidad de las secretarías estatales de seguridad pública, lo que dificulta la continuidad de las políticas de seguridad a largo plazo”, explica el reporte, donde se cita que estados como Michoacán y Guerrero, dos de los más violentos del país, tuvieron un promedio de al menos un titular distinto por año.

Según el documento, las entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas “exhiben, en promedio, mayores tasas de homicidios de hombres en comparación con aquellas entidades con secretarías encabezadas por civiles o policías de carrera”.

Mayor tasa de homicidios donde rigen las Fuerzas Armadas

El informe contabiliza en más del doble la tasa de homicidios en aquellas entidades cuya seguridad está controlada por militares sobre aquellas en las que la policía o civiles están al mando.

“Cada día 85 personas son asesinadas en promedio en México”, comentó la directora de la organización feminista Intersecta, Estefanía Vela, que ve en este dato la muestra del fracaso de las políticas de seguridad en el país.


Según Vela, “en México se está dando un proceso en el que las instituciones civiles ceden poder voluntariamente a los militares” a lo que añade que la lógica militar está permeando en la forma de proceder de las administraciones.

En la presentación del informe también se trató el estado de los distintos cuerpos policiales, que en muchos lugares han sido relevados por el ejército o la Semar, y la percepción que los mexicanos tienen de los mismos.

“La institución que las personas más perciben como corrupta es la policía”, afirmó la directora de Intersecta que atribuyó esta falta de confianza a la distinta exposición pública que sufren respecto a los militares.

Para ello se puso como ejemplo 2020, un año en el que el número de personas detenidas por policías estatales o municipales fue de 2.5 millones por solo 12 mil que detuvieron los militares, lo que no contribuye a la buena opinión social sobre los primeros.

En este sentido, las autoras del informe resaltan la importancia de invertir en acciones de profesionalización para una mayor participación de policías de carrera en las secretarías de seguridad pública ya que, por formación y objetivos, “son los policías, y no los militares, quienes tienen un mejor conocimiento y acercamiento con la comunidad y el territorio”.

Algo que sí fue resaltado positivamente en el informe dentro del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue su discurso respecto a las causas de la violencia.

“Al menos han reconocido que la violencia tiene que ver también con causas estructurales como las desigualdades”, destacó Estefanía Vela.

Durante el sexenio de López Obrador, las Fuerzas Armadas además de actuar en tareas de seguridad pública han participado en la construcción de las emblemáticas obras del mandatario, como el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el estado de Tabasco, y el Tren Maya.

Según reformas aprobadas por el Congreso mexicano en 2022, las Fuerzas Armadas apoyarán en labores de seguridad pública hasta 2028, mientras que la Guardia Nacional, que nació como institución civil, estará formada por el Ejército mexicano.

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