La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel) de la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido opaca en sus actividades desde 2020. Desde entonces no ha emitido un solo reporte sobre sus actividades, como habitualmente lo hacía.
Incluso, dejó de publicar en su página de internet los informes a los que está obligado en atención al artículo 102 de la Constitución y al artículo 20 de la Ley de la FGR.
Además, muchas de las solicitudes de información hechas con base en la Ley de Transparencia, como el número de denuncias y carpetas de investigación que han iniciado durante 2024, son rechazadas, alegando un sigilo en las investigaciones de los casos a su cargo.
Ello ha impedido saber en qué estatus están casos mediáticos que se denunciaron ante la dependencia, como la presunta extorsión de extrabajadores de Notimex, las denuncias por delitos electorales contra los hermanos del presidente López Obrador o los casos contra la opositora Xóchitl Gálvez.
En enero pasado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, denunció ante la Fisel a Gálvez. Aseguró tener “pruebas y documentos de las omisiones e inconsistencias en las declaraciones patrimoniales” de la senadora del PAN, que “son corrupción”.
Otro caso que está en la fiscalía sin resolución es la denuncia que una mujer afiliada al PRI presentó contra el líder del tricolor, Alejandro Moreno, por violencia política en razón de género.
De acuerdo con el último informe que la Fisel elaboró y entregó a la Cámara de Diputados, en ocho años (2015-2023) inició más de 4 mil carpetas de investigación.
Mientras que de septiembre de 2023 al 2 de junio de 2024 (periodo de la pasada elección federal), la fiscalía inició 192 carpetas de investigación en todo el país, de las cuales 184 se encuentran en trámite, una se determinó por abstención de investigar, cinco por acumulación y dos por incompetencia.
Según trabajos periodísticos, entre las denuncias que se indagan hay casos de personas que votaron sin cumplir con los requisitos de ley, sufragar en más de una ocasión, compra de votos, violar la secrecía del voto, alteración de material electoral, intimidación a los ciudadanos para que no voten, así como la alteración del Registro Federal de Electores.
Hasta enero de 2023 reconoció tener en trámite 733 asuntos, de los cuales, al finalizar ese año, sólo judicializó 77 carpetas de investigación, cifra que representa 10 por ciento del total.