El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, subrayó que la reforma al Poder Judicial es un mandato popular que cumplirán Morena y sus aliados; sin embargo, reiteró que escucharán a todas las partes.
A través de un mensaje emitido en redes sociales, el senador enfatizó que “es importante hacer caso a lo que los ciudadanos dijeron en las urnas, por eso seremos responsables, cuidadosos y prudentes al establecer estas modificaciones a la Carta Magna”.
Informó que el proyecto de dictamen se discutirá en comisiones de la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto, para que se turne a la Mesa Directiva de la nueva Legislatura.
El legislador puntualizó que se prevé que la discusión de la reforma inicie entre el 2 y el 3 de septiembre en la Cámara de origen, cumpliendo con el proceso formal y con las normas vigentes.
Recordó que la factibilidad de este proyecto fue cuestionada por ministros, magistrados y jueces, pues consideraban que Morena y sus aliados no tendrían la mayoría legislativa para modificar la Constitución.
En ese sentido, dijo que las reacciones del Poder Judicial a esta propuesta son normales, pues es natural que se opongan al ser los receptores de este producto legislativo; sin embargo, destacó, la reforma cuenta con el apoyo de entre el 70 y el 80 por ciento de las y los mexicanos.
Ricardo Monreal recalcó que la iniciativa surge de la falta de acceso a la justicia, por la corrupción, por las redes de nepotismo y de tráfico de influencias, así como por los vicios del Poder Judicial que se han constatado durante este proceso.
Por ello, el líder parlamentario señaló que el paro en algunas regiones y circuitos del Poder Judicial no debe preocupar ni extrañar a nadie, pues están en su derecho de protestar. “Es su derecho, mientras no afecten derechos de terceros”.
Aunque de acuerdo con el artículo 17 constitucional, -uno de los principales de nuestra Carta Magna-, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni menos ejercer violencia para reclamar su derecho.
El senador sostuvo que entiende sus problemas y preocupaciones, pero obstaculizar la impartición de justicia pronta y expedita en favor de los ciudadanos, es una grave violación a la Constitución.