El verdadero derecho de las mujeres a decidir descansa irremediablemente en la existencia de condiciones económicas, sociales y de justicia hacia la maternidad. Si no se proveen esas políticas públicas lo que se revela es un “Estado claudicante”, por el abandono a las mujeres embarazadas.
Afirmar que el constructo judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera que la permisión del aborto modifica las condiciones de violencia, estructurales y personales que afectan a las mujeres, carece de asidero lógico y apego a la realidad. Por el contrario, ayuda a invisibilizar la discriminación estructural de las mujeres.
Lo anterior constituye la esencia del Reporte Especial intitulado “A 17 años de las políticas del fracaso: la despenalización del aborto en México”, que aborda el impacto real en las mujeres de México, principalmente embarazadas, derivado de la eliminación del delito de aborto de algunas normas locales por decisión judicial.
El documento, que plantea una serie de conclusiones desde la perspectiva de la investigación médica, social y jurídica, concluye que tres lustros después de la primera modificación a la definición de aborto en la legislación mexicana, las mujeres del país no solo no han visto mejorar su situación en cuanto a sus necesidades más apremiantes: salud, educación, empleo, seguridad y justicia, sino que se han agravado.
Publicado por la organización social UNNA -Una Vida, Una Infancia, Una Protección, en el que intervinieron los abogados Ingrid Tapia, experta en Derecho Constitucional; Abraham Madero y Vincent Morfin, así como el maestro Cándido Pérez, especialista en Política Pública, el Reporte Especial plantea 6 premisas fundamentales, a 17 años de la política de aborto en México.
1.- La norma nacional e internacional no regula al aborto como un derecho. No existe el derecho al aborto.
2.- La principal causa de muerte materna en México no es el aborto, como falsamente se hace creer.
La baja o nula calidad de servicios de salud, falta de atención a emergencias obstétricas y de enfermedades y padecimientos durante el embarazo, limitadas o inexistentes consultas médicas periódicas por personal calificado, entre otros factores relacionados son los que provocan el mayor número de muertes antes, durante y después del parto.
3.- El aborto no ha resuelto, ni resolverá los principales problemas de salud, discriminación, seguridad, protección, empleo que enfrentan adolescentes y mujeres, principalmente las embarazadas. Solo contribuye a invisibilizarlos y posterga su atención.
4.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimita en sus facultades. Se ha erigido en un poder legislativo de facto. Con ello viola la división de poderes, la soberanía de los estados y la autonomía de los Congresos de los Estados, a quienes impone criterios judiciales que violan el Derecho a la Vida y lesional al binomio madre-hija o hijo por nacer.
5.-El delito de aborto no criminaliza a las mujeres. La finalidad del delito es proteger a las mujeres y el Derecho a la Vida de niñas y niños por nacer, con la protección que merece todo ser humano.
Actualmente el 92 por ciento de los casos de aborto que resultan en prisión en el fuero común involucran a hombres, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Información penitenciaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.
6.- Una política nacional integral a favor de la maternidad y de las mujeres en general permitirá equilibrar la balanza que históricamente se ha inclinado en contra de las mujeres por ausencia de normas, planes, programas y políticas que les brinden el acercamiento y apoyos necesarios en los momentos claves de su vida.
Rezagos y omisiones, como respuesta
Por su parte, con información de la investigación académica y estadística, el maestro Cándido Pérez señaló que la agenda de aborto no ha logrado mejora alguna en la calidad de vida de las mujeres embarazadas.
Por ejemplo, citó, la política de aborto en la Ciudad de México muestra la debilidad de un Estado que, a través de políticas públicas coyunturales y reactivas, simplemente ha claudicado a su obligación institucional de atender y resolver los problemas estructurales que enfrentan millones de mujeres capitalinas.
El aborto no es un asunto de “justicia social”. Su verdadera cara es encubrir todas las vulnerabilidades de un sistema jurídico que ha fracasado en proteger a las mujeres embarazadas, a sus hijas e hijos por nacer, dijo.
Al referirse a las otras realidades que impactan en las mujeres, más allá del tema de aborto, el especialista señaló un aumento en la carencia en el acceso a los servicios de salud, mientras existen problemáticas como el embarazo adolescente.
También citó que, aunque están detectadas las causas reales de la mortalidad materna nacional, la capacidad de respuesta para bajar este índice es incipiente y con políticas poco claras.
Apoyado en datos obtenidos de la Ciudad de México y el resto de las entidades federativas, no se encuentran evidencias de que la despenalización del aborto pueda tener algún efecto significativo sobre la disminución de la razón de mortalidad materna.
Es preocupante que menos de la mitad de las mujeres ocupadas tenga acceso a la seguridad social y, por lo tanto, a la certeza de recibir servicios adecuados antes, durante y después de un embarazo.
Poder Judicial: Activismo ideológico
Además de la intromisión del Poder Judicial para favorecer la agenda ideológica del aborto, se ha generado una estrategia mediática para posicionar este tema como una supuesta cuestión de “carácter prioritario”, a pesar de que México enfrenta múltiples problemáticas de diversa índole que son substancialmente más graves, relevantes y urgentes de atención que el aborto.
El aborto, contrario a lo que se quiere hacer creer, no es un asunto de “justicia social” y su verdadera cara es el encubrir todas las vulnerabilidades de un sistema jurídico que ha fracasado en proteger a las mujeres embarazadas, a sus hijas e hijos por nacer y a su ciudadanía en lo general, concluyó.
Más información consultar: https://unnainfancia.org/reporte-aborto/