Contra viento y marea, con cerca de 100 cambios y precisiones a la propuesta inicial del Ejecutivo, la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer, en lo general, el dictamen de la iniciativa presidencial de reformas al Poder Judicial.
Morena aceptó una modificación para incluir la figura de “jueces sin rostro”, al exponer en el artículo 20 de la Constitución que “tratándose de delincuencia organizada, el organismo de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras”, lo que el PAN calificó de “incongruente”, porque un “juez sin rostro” no puede ir a una elección.
Con 22 votos a favor y 17 en contra del PAN, PRI, MC y PRD, y en medio de manifestaciones públicas de trabajadores, jueces y magistrados a las afueras del Palacio Legislativo y de las advertencias de organismos empresariales nacionales e internacionales, el dictamen establece la renovación, de manera escalonada, de todos los cargos de jueces, magistrados y ministros en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027, y contempla echar mano de la “tómbola” para depurar el número de candidatos que busquen postularse.
¿Cuándo serían las elecciones de jueces, magistrados y ministros?
Los cambios realizados no modifican la propuesta de la elección por voto ciudadano –en los dos procesos que organizaría el INE– y sólo precisan que en una primera elección extraordinaria, a realizarse el primer domingo de junio de 2025, se renovará la totalidad de los ministros –que disminuyen de 11 a 9–, las dos magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito.
Además, se realizará una segunda elección en 2027, la cual será concurrente con la elección federal. El dictamen contempla que la presidencia de la Corte la encabece quien más votos obtenga. Los magistrados electorales en funciones permanecerán en el cargo hasta 2027, lo que el PAN señaló como una decisión “perversa” por usarlo como premio a quienes apoyen a Morena y que puedan ser ministros.
De antemano, el PAN anunció que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, para defender las garantías de los integrantes y empleados del Poder Judicial.
La diputada panista Margarita Zavala, abogada de profesión, criticó que con esta reforma “se mata la autonomía del Poder Judicial”, que “es absurda, ridícula” y que “la tómbola es una kermés”.
Por el PRI, el diputado Rubén Moreira argumentó que “la reforma es inviable sencillamente porque es inviable una votación hasta con 25 boletas en la mano del votante en algunas entidades, al indicar que se votará por cargo”.
Nuestro coordinador, @rubenmoreiravdz, señaló que votaremos en contra del dictamen de reforma al Poder Judicial, ya que nuestra postura proviene de una posición informada y elaborada desde el amor a México, la lógica jurídica y el convencimiento de que la tarea legislativa debe… pic.twitter.com/r3Eiv3d02J
— Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) August 26, 2024
El diputado de Morena Leonel Godoy sostuvo que se respetan todos los derechos laborales de los trabajadores que se manifestaron en San Lázaro, para lo que pidió que se leyeran los artículos transitorios, y les dijo que “no se dejen engañar”.
Después de la primera votación y para la discusión del dictamen en lo particular, los diputados anunciaron alrededor de mil reservas –prácticamente a todo el dictamen de 284 páginas–, que después “empaquetaron” y redujeron a sólo 330, que se debatirían anoche y hasta la madrugada de este martes con 34 oradores enlistados, con la advertencia de morenistas de que no se aceptaría ninguna.
Sólo se anticipó que se aceptaría la de los “jueces sin rostro”, que propuso el morenista y ex de MC Salvador Caro, de Jalisco. El dictamen se turnará a la Mesa Directiva de la actual Cámara de Diputados para que sea entregado a la nueva legislatura y se vote directamente en el pleno, sin pasar por comisiones, en septiembre.