La Asociación Internacional de Jueces (AIJ), con sede en Roma, se pronunció en contra de la reforma judicial que se procesa en México.
A través de un comunicado, la organización pidió al gobierno mexicano que reconsidere su actual “plan de reforma” a la luz de las ideas y principios de independencia.
En su documento, la entidad sostuvo que estos cambios a la ley afectan la independencia judicial en México, además de que van en contra de diferentes tratados internacionales en esta materia.
A lo largo del desplegado, la organización internacional expuso los riesgos que ve en estos cambios a la ley propuestos por el presidente López Obrador.
Por esto, solicitaron “al Poder Ejecutivo mexicano que reconsidere su actual plan de reformas a la luz de la ideas y principios expuestos anteriormente. Asimismo, pedimos a la comunidad internacional unirse a la AIJ en su esfuerzos para proteger la independencia de los jueces”, señaló.
Al hablar sobre los riesgos que encuentran en este plan para transformar la Constitución, la organización internacional de juzgadores destacó que obligar a los integrantes de la judicatura a acudir a las urnas no garantiza que los que lleguen sean los mejor preparados.
“Introducir el voto popular como decisión final y decisiva en el proceso de nombramiento de jueces contraviene el principio de que los jueces deben ser nombrados sobre la base del mérito y de criterios objetivos que respeten sus competencias profesionales, y no puede proporcionar nombramientos basados en esos principios”, aseguró.
Asimismo, destacó que al poner un periodo de nueve años para que jueces y ministros puedan permanecer en el cargo, la reforma afecta la certidumbre de los integrantes del Poder Judicial.
“La reforma propuesta interfiere potencialmente con el principio de seguridad en el cargo y con el objetivo de que el mandato de un juez sólo puede terminar como resultado de un proceso disciplinario o en el procedimiento en el que el juez sería declarado no apto para ocupar su cargo”, expuso.
Además, la AIJ recordó que hay diferentes instrumentos a nivel internacional que plantean mejores prácticas para asegurar que la impartición de justicia se da de forma adecuada y que los juzgadores mantienen su autonomía.
“La reforma judicial debe ser coherente con principios establecidos y universalmente aceptados de independencia de la justicia para preservar el derecho de los ciudadanos a acceder a tribunales independientes y a disfrutar de libertades que sólo pueden ser protegidas por jueces independientes, libres de presiones y temores externos”, apuntó.