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Perfila oficialismo, blindado, la  aprobación de la reforma judicial

Las democracias en el mundo están discutiendo el límite del Poder Judicial, sostiene Ricardo Monreal al defender la iniciativa.

Ricardo Monreal, celebró la asistencia de la oposición –que había anunciado que no acudiría a una sede que no fuera el Palacio Legislativo– y pidió a los morenistas respeto a “su papel” de opositores y no agredirlos. “Piensen que estamos construyendo patria”, dijo. [Fotografía. Cuartoscuro]

En medio del caos y protegidos por un amplio dispositivo de seguridad con cordones policiacos, diputados de la supermayoría calificada de Morena, PT y PVEM aseguraron anoche, en sesión plenaria, que llevarían a cabo la aprobación, sin obstáculos, de la reforma al Poder Judicial, aunque fuera y lejos de la sede Cámara de Diputados.

Sin cambios de fondo, sólo de forma y de “técnica legislativa”, los partidos del presidente Andrés Manuel López Obrador le garantizaron los votos suficientes para su aval en lo general y en lo particular, advirtieron sus líderes parlamentarios a la disminuida oposición del PAN, PRI y MC. Aunque se agendaron 610 reservas de la oposición para su discusión en la madrugada de este miércoles, se anticipó que no se aceptarían.

Por haber sido bloqueados todos los accesos del Palacio Legislativo por trabajadores del Poder Judicial, la presidenta de la cámara, Ifigenia Martínez, de Morena, en acuerdo con la Junta de Coordinación Política, dispusieron sesionar en una sede alterna, para lo que habilitaron el gimnasio de la Sala de Armas, en el centro deportivo de la Magdalena Mixhuca, que facilitó la alcaldía morenista de Iztacalco.

En una sesión que arrancó de manera áspera y con encontronazos del PAN contra Morena, el vicecoordinador panista, José Lixa, reprochó la “sesión ilegal y espuria” para aprobar una “reforma judicial embustera”, y el ambiente hostil por los bloqueos viales de las manifestaciones estudiantiles por no haber sido escuchados.

Con playeras de “soy resistencia” y “sin justicia no hay futuro”, diputadas panistas anunciaron “el fin de la República” con la “embustera reforma judicial” y acusaron a Morena de “que sobornó a los magistrados para obtener su mayoría calificada”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, se sumó a las mismas críticas y argumentó que el voto de su partido es en contra de la reforma, porque “no busca la justicia, sino sólo para cambiar a algunas personas”.


El priista Jericó Abramo pidió a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que “ordene posponer la discusión de este dictamen, hacer un diagnóstico conjunto y, en un gran acuerdo nacional, solucionar realmente los problemas del país”.

Sin embargo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, celebró la asistencia de la oposición –que había anunciado que no acudiría a una sede que no fuera el Palacio Legislativo– y pidió a los morenistas respeto a “su papel” de opositores y no agredirlos. “Piensen que estamos construyendo patria”, dijo.

Al defender el dictamen, expuso que “la reforma que proponemos no es fruto ni del capricho ni tampoco de la revancha o del dogmatismo político. En este momento las democracias en el mundo están discutiendo el límite del Poder Judicial. Lo mismo en Estados Unidos, donde el presidente (Joe) Biden ha propuesto una reforma al Poder Judicial”.

“Una élite ilustrada juzgaba antes con criterios parciales y económicos” y “la mejor forma de blindar la intromisión del crimen organizado con jueces, magistrados y ministros será con esta reforma. No queremos sino sacudir al Poder Judicial de la influencia del crimen organizado y los delincuentes de cuello blanco”.

De esta manera, y por encima de una creciente cascada de críticas y advertencias de diversos sectores nacionales e internacionales por varios meses, al final se perfilaba anoche, al cierre de esta edición, la aprobación de la histórica reforma a diversos artículos de la Constitución, que establece la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Entre otras muchas otras novedades, se indica que el proceso se llevará a cabo con la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), se reduce de 11 a nueve ministros la integración de la Suprema Corte, con una duración de 12 años en su encargo; asimismo, se señala un plazo máximo de seis meses para que las autoridades competentes dicten sentencias.

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