El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó levantar el paro de labores dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) a partir de este lunes.
Con el voto en contra de la ministra presidenta, Norma Piña, y de la consejera Lilia Mónica López, el consejo decidió “levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas”.
Esto quiere decir que regresaron los límites de tiempo que se otorgan a autoridades, abogados y víctimas o imputados, para presentar documentos, pruebas o testimonios ante un juzgado.
Con esta decisión, el órgano le dijo a todos los juzgados del país que deben retomar sus actividades, mismas que fueron suspendidas hace casi un mes en reclamo a la reforma al Poder Judicial.
Asimismo, el pleno del CJF acordó que el próximo viernes se instale una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial, misma que ha sido exigida por los trabajadores que se oponen a la reforma y que pretenden que la judicatura proteja sus derechos.
En esta mesa de diálogo participarán la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), y la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas. También estará el secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF; el secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF y el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal.
Norma Piña pone a consulta si la Corte puede analizar la legalidad de reforma al PJ
La ministra presidenta, Norma Piña, acordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a manera de consulta, analizará si el tribunal puede examinar la legalidad de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial.
En un acuerdo del 13 de septiembre, mismo que fue publicado por el máximo tribunal este miércoles, la ministra presidenta pidió que sean sus pares los que ayuden a decidir sobre este tema.
“Se consulta al pleno la controversia prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, detalló.
En su decisión, la ministra presidenta sostuvo que se debe revisar si estos recursos pueden ser analizados en relación “al cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material”.
Dentro del artículo 11 de la Ley del Poder Judicial, se establece que la Corte está facultada “para conocer sobre la interpretación y resolución de los conflictos que se deriven de contratos o cumplimiento de obligaciones contraídas por particulares o dependencias y entidades públicas con la SCJN o con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)”.
El asunto fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien deberá presentar un proyecto al resto de los ministros.
Esta petición fue presentada por un grupo de jueces y magistrados del Poder Judicial, después de que fue aprobada la reforma a la judicatura en las cámaras de Diputados y de Senadores, aunque, al momento de presentar la queja, no había pasado por los Congresos locales.
En su petición, los juzgadores pidieron que el máximo tribunal analice los recursos en contra de reformas a la Constitución, específicamente los relacionados a los cambios hechos en el Poder Judicial.
“(Jueces y magistrados) solicitan a este alto tribunal que ejerza, de manera urgente, la facultad (...) para conocer y dirimir el conflicto o controversia que se suscita entre el titular del Poder Ejecutivo y el Congreso de México, con el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN”, pidieron.
Además, señalaron que esta iniciativa para reformar la justicia “afecta la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, la independencia de sus miembros y, por ende, el principio de división de poderes”.
Esta consulta de Piña se suma al debate que ha generado la aprobación de la reforma, esto toda vez que el presidente López Obrador sostuvo que la Corte no tiene la facultad de atender amparos contra reformas a la Constitución.