En una última “jugada” sorpresa antes de concluir su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumplió su advertencia y finalmente tomó el control de un puerto y una cantera propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials, con la cual mantiene una disputa desde hace varios años.
El lunes, el jefe del Ejecutivo publicó una declaratoria de área natural protegida de una superficie de más de 53 mil hectáreas al sur de Cancún y Playa del Carmen, donde se ubican los terrenos que ocupa Vulcan y una mina a cielo abierto de la compañía extranjera, dedicada a la extracción de piedra caliza a través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica).
La decisión del mandatario fue publicada en el Diario Oficial de la Federación horas después de que legisladores estadounidenses intentarán disuadir al gobierno mexicano de tomar esta medida, pues impide a la constructora realizar extracciones en esta zona. La empresa dijo que las acciones de AMLO son “ilegales” y advirtió que ya está en curso un caso de arbitraje.
“La expropiación de las tierras y el puerto propiedad de nuestra empresa es otra escalada y constituye una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte”, dijo Vulcan en un comunicado. Y agregó:
“Este medida ilegal tendrá un efecto escalofriante y a largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre Estados Unidos y México”.
¿Pero cómo empezó el conflicto entre el presidente López Obrador y la compañía originaria de Alabama?
¿Qué hace Vulcan Materials y cuál es su ‘pelea’ con AMLO?
Vulcan Materials es una empresa productora de agregados de construcción como piedra triturada, arena y grava. También se encarga de producir materiales para esta industria como el asfalto y el concreto premezclado.
En 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acusó a la compañía de provocar severos daños ambientales con la explotación de material pétreo en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, además de señalarla de violar reiteradamente los permisos y operar con irregularidades.
“La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo”, mencionó la Profepa en un comunicado de 2022.
Tras esta denuncia, la Semarnat clausuró la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen por parte de Calica, luego de una inspección en el predio La Rosita para verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales federales.
La Semarnat destacó que en 2017 y 2018, la Profepa ya había clausurado y sancionado a la minera Calica por el aprovechamiento de la roca caliza en El Corchalito, bajo las normas del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América Latina.
La toma de las instalaciones de Vulcan en Quintana Roo
En octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció sus planes para declarar como Área Natural Protegida los terrenos ocupados por Vulcan, argumentando que la empresa se había negado a aceptar una oferta que le hizo su gobierno para comprar las 2 mil 300 hectáreas que tiene en Playa del Carmen.
Meses antes, el conflicto escaló y personal de Cemex junto con la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y agentes ministeriales tomaron las instalaciones de Vulcan en Punta Venado. Esto, luego de que no llegaran a un acuerdo con Calica.
Ante la situación, Vulcan pidió protección a la administración de Joe Biden por lo que consideró una toma hostil de sus terrenos. La compañía estadounidense acusó que el gobierno mexicano tomaba su propiedad por la fuerza para forzarlos a aceptar una oferta que implica una profunda infravaloración de los activos.
Dicha oferta, de unos 360 mil millones de dólares por las 2 mil 400 hectáreas de terreno, fue considerada por Vulcan como una valuación inadecuada de su propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera de Sac-Tun.
En el Congreso de Estados Unidos las reacciones por esta decisión no se han hecho esperar.
El senador republicano, Bill Hagerty, manifestó que “ningún país o presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de Estados Unidos sin consecuencias”, mientras que el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, lanzó una advertencia y aseguró que “este comportamiento no será tolerado”.