Permitirle a la Guardia Nacional (GN) “realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, las investigaciones de los delitos cometidos” va en contra del derecho internacional, reclamó la organización Amnistía Internacional (AI).
En un análisis de la reforma para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tome control sobre la GN, la organización reclamó que estas acciones van en contra de los tratados de los que México es parte.
Reclamó que el plan para que este cuerpo de seguridad participe en la investigación de delitos y actúe como auxiliar del Ministerio Público, es riesgoso. “Esta propuesta está en contra del derecho internacional que señala que las Fuerzas Armadas no deben involucrarse en acciones propias de la persecución de delitos y administración de justicia”.
Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido límites para que los cuerpos de seguridad no se involucren en las investigaciones.
Sobre esto, la Corte IDH sentenció que esta debe ser “subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial”.
AI aseguró que el decreto que busca que la GN pase a la Sedena va en contra de la legislación internacional e incluso del propio Tribunal Interamericano.
“La adscripción de la GN a la Sedena va en contra de lo mandatado por la Corte IDH en su sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México”, resaltó la organización.
Esto lo destacó AI ya que con esta reforma, la Guardia pasaría a formar parte de la Sedena de forma permanente, lo que es contrario a la sentencia del tribunal interamericano.
Esto ya que “no se estaría empleando la participación de Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario, ni se estaría subordinando a fuerzas policiales civiles ni fiscalizando adecuadamente”.
Asimismo, AI aseveró que la permanencia de Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana puede conllevar una potencial comisión de violaciones graves a derechos humanos.