El sector patronal de México respaldó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su decisión de revisar la reforma judicial para garantizar su constitucionalidad y respeto a la división de poderes, confiando se hagan valer los principios de Estado de derecho y abone al ambiente empresarial del país.
“La posible suspensión de la reforma, si así se decide, sería un paso firme en la defensa de la independencia judicial, un pilar indispensable para la democracia. En este sentido, la ministra presidenta ha tomado la decisión de reencauzar la petición de los promoventes, asignando la elaboración del proyecto a otro ministro o ministra que corresponda, lo que refuerza la transparencia y el debido proceso en este asunto”, precisó.
Con una mayoría de ocho votos contra tres, la SCJN aceptó la revisión de la reforma al Poder Judicial para evaluar si la enmienda constitucional aprobada por el Congreso vulnera la independencia judicial y la democracia del país, una vez que ha generado incertidumbre entre la comunidad empresarial nacional e internacional, y la sociedad civil.
“En una democracia es necesario evitar que se vulnere a las instituciones y se afecte la confianza de inversionistas y el crecimiento económico”, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Además, consideró que un Poder Judicial independiente es fundamental para la estabilidad jurídica y económica del país, con un impacto directo en la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
La propia Constitución obliga a la SCJN a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos, asegurando que la independencia judicial se mantenga firme para garantizar un acceso a la justicia imparcial para todos, detalló el organismo empresarial y reconoció que la revisión de esta reforma establece un precedente fundamental para futuras modificaciones que intenten alterar las estructuras institucionales del país.
“Reiteramos que cualquier cambio en el sistema de justicia debe fortalecer y no debilitar la independencia de los jueces. La interferencia política en las decisiones judiciales pone en riesgo el equilibrio entre poderes y, por ende, la estabilidad económica y social del país”, alertó.