El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que la supremacía constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión, no surtirá efecto sobre el proyecto que votarán los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el próximo 5 de noviembre para invalidar la reforma al Poder Judicial.
Ante esto, González Alcántara lamentó que la supremacía constitucional fuera propuesta por Morena, con el objetivo de detener los amparos y suspensiones contra la reforma judicial:
“Esta reforma (supremacía constitucional) que se planteó en términos claros, en las Cámaras de Diputados y Senadores, era con el fin de detener la posibilidad de que se revisaran las reformas constitucionales”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
Sin embargo, el ministro recalcó que la iniciativa que ‘blinda’ cambios constitucionales no tendrá efecto sobre la reforma judicial porque inició su trámite antes de que fuera presentada la supremacía constitucional en el Congreso.
“Claramente se señala que los asuntos que se encuentran en trámite, no se les va a aplicar esa reforma constitucional. Si los 500 diputados deciden avalar la propuesta que les llegó del Senado de la República, no se aplicaría en este caso concreto”, añadió.
No obstante, advirtió que Morena y sus aliados pueden preparar otra iniciativa para incluir a la reforma judicial y así “tumbar” todos los trámites que existen en contra de la propuesta presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ahora sabemos que tiene la fuerza, la capacidad de presentar una nueva iniciativa, pero estamos hablando de la forma en que nos está observando el mundo, de la crisis constitucional en la que nos están orillando”, sostuvo.
Por esta razón, Juan Luis González Alcántara Carrancá recalcó que esta resolución pretende reflexionar sobre la trascendencia que tiene “dejar sin poder judicial al país y transformarles y entregarles un nuevo poder judicial con una capacitación totalmente distinta”.
¿De qué trata la supremacía constitucional?
La reforma denominada “supremacía constitucional” ha generado preocupación entre especialistas y el sector empresarial, que sostienen que el nuevo cambio al texto constitucional debilitará el estado de derecho.
La iniciativa prevé que no sean impugnables ni los cambios constitucionales aprobados por el Congreso ni los pendientes de discusión, lo que le dará carta blanca a la 4T para impulsar sin ninguna traba jurídica el paquete de reformas que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.
En el texto se establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.
La diputada Olga Sánchez Cordero afirmó que los cambios apuntan a “un escenario que rescata el poder soberano”, y aseguró que “eso no es contrario a la defensa ni promoción de los derechos humanos”. Mientras que la oposición alegó que le quitará a los mexicanos el derecho a defenderse en los tribunales de las iniciativas que promueva Morena.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, uno de los principales grupos empresariales del país, expresó su preocupación por la reforma y dijo en un comunicado que la iniciativa “pone en riesgo las garantías fundamentales que han protegido a los ciudadanos durante décadas”.
La iniciativa “abre la puerta a decisiones del Congreso sin control judicial, debilitando así el sistema de contrapesos”, agregaron los empresarios.
Con información de AP