La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 30 de octubre la supremacía constitucional que establece la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución, en el marco de la batalla legal que enfrenta la reforma judicial.
El dictamen que fortalece la supremacía constitucional y limita los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo se envió a las legislaturas locales para su aprobación, previo a su publicación oficial y posterior entrada en vigor.
¿La supremacía constitucional podría afectar los derechos humanos?
Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación Defensorxs, advirtió que al aprobar la reforma de supremacía constitucional se “cierra absolutamente la puerta para defender los derechos humanos que puedan ser violados o eliminados con alguna reforma constitucional”.
“Esa reforma regresiva está disminuyendo la protección que tienen los derechos humanos y, por lo tanto, el poder reformador de la Constitución está violando el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos”, indicó.
Aseveró que la reforma que ‘blinda’ las reformas aprobadas por Morena también abre la puerta para muchos abusos.
“Esto sucede en un contexto donde un solo partido, con su grupo de aliados, tiene el poder para modificar por sí solo la Constitución. No tiene un contrapeso”, advirtió.
Alfonso Meza acusó que Morena y sus aliados podrán aprobar cualquier reforma que pueda violar un derecho humano, pues ya tendrían el poder para simplemente ponerla en la Constitución y que nadie la pueda impugnar.
“No es una reforma de supremacía constitucional, es una reforma de supremacía de Morena sobre la Constitución porque son ellos los que van a poder decidir de manera unilateral, cuáles son los derechos que están protegidos y cuáles no están protegidos o qué contrapesos existen en el país y cuáles no”, recalcó.
Acusó que la reforma de supremacía constitucional también permitiría que se violen o se eliminen derechos humanos previstos ya en la Constitución, incluso, que ningún mexicano pueda cuestionarlo.
El consultor recordó el caso de la “Ley Mordaza” en Veracruz, cuando Cuitláhuac García propuso sancionar a periodistas que dieron a conocer información confidencial o de carpetas de investigación del mismo gobierno.
“Esto fue invalidado porque había un medio para combatirlo, pero si intentaran hacer algo así en la Constitución Federal para sancionar a un periodista que publique información que es molesta para el poder, pues podrían hacerlo y no habría forma de controvertir”, alertó.
¿Qué importancia tiene la supremacía constitucional en el sistema jurídico mexicano?
Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación Defensorxs, explicó que los legisladores de Morena y aliados aprobaron una modificación a dos artículos de la Constitución: el 105 y el 107 que impide que procedan amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales contra reformas a la Carta Magna.
En entrevista con El Financiero, afirmó que la aprobación de la supremacía constitucional no significa que ninguna modificación a la Constitución puede ser impugnada, sin importar lo grave o abusiva que sea.
Detalló que hay dos caminos para impugnar la reforma de supremacía constitucional. El primero se trata del poder reformador de la Constitución, pues el Poder Legislativo no es absoluto ni es ilimitado.
“No es soberano, el soberano es el pueblo, pero el poder para reformar la Constitución, pues son muchos diputados y senadores de Morena y sus aliados, pero ellos no son todopoderosos y al hacer esta reforma se están intentando dar un poder ilimitado que no puede ser cuestionado por nadie y eso, pues es un exceso competencial”, aseveró el también consultor en litigio estratégico.
Acusó que los legisladores de Morena y sus aliados están haciendo más de lo que pueden, pues son un poder limitado, que se está asignando a sí mismo un poder ilimitado, lo cual no está permitido en la Constitución del país.
El segundo camino para impugnar la reforma de supremacía constitucional se podría dar en caso de alguna violación a los derechos humanos.
“Todas las autoridades están obligadas a respetar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Es decir, no pueden hacer ningún acto ninguna reforma que disminuya la protección de un derecho humano”, explicó el experto.