Las reformas del Poder Judicial son para democratizar, transparentar y terminar con los vicios en el sistema de justicia del país, no para cooptar a los juzgadores, aseguraron diputados federales de Morena.
La diputada jalisciense Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, expuso a El Financiero que “debe haber tranquilidad y certidumbre en el sector empresarial, académico y en la sociedad en general con las reformas constitucionales para transformar al Poder Judicial, porque son para mejorar, transparentar y democratizar al sistema de justicia en México”.
Planteó que “las campañas en contra de estas reformas son sólo una reacción de las cúpulas del poder, que ven afectados sus intereses y privilegios, y una permanente bandera de los partidos de oposición, a los que ya no les queda nada y es su única opción”.
Pidió “calma y confianza a la gente”, porque “tenemos la confianza de 68 por ciento de la sociedad” y aseguró que “trabajadores del mismo sistema judicial nacional están seguros ya de que sus derechos y prestaciones están a salvo y no se tocarán”.
Sostuvo que “la elección de jueces, magistrados y ministros es para que la gente conozca y decida de quiénes serán los juzgadores, no para cooptarlos, habrá requisitos y transparencia” y “no se busca desaparecer la Ley de Amparo como se afirma, sino llevar a la Constitución lo que señala la ley propia y evitar el activismo político de ministros, jueces y magistrados”.
El también diputado morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas –empresario, académico y exfuncionario público en Puebla– afirmó a este diario que “la reforma va a permitir a México acabar con el sistema de ascensos y promociones que llevan a dictar sentencias a modo”.
Explicó que “es toda una amplia reforma en lo judicial y en lo administrativo” para frenar “el compadrazgo y el nepotismo”, impedir que “los jueces hagan lo que les dicten los magistrados y que los magistrados hagan lo que les digan los ministros”.
¿Cómo serán elegidos los jueces?
Sobre la elección de juzgadores por voto popular, aseguró que “habrá los filtros suficientes para elegir a los mejor preparados, que sean abogados y que tengan la experiencia para el cargo”, y que el caso del nombramiento de la ministra Lenia Batres “fue por una facultad constitucional del Presidente de la República y por la cerrazón de la oposición”.
De la “supremacía constitucional”, explicó que “sólo es confirmar en la Constitución que no procede el amparo contra reformas a la Carta Magna”, porque “es increíble que un ministro pretenda desconocer ese precepto, y que insista en que una ley reglamentaria esté en contra de la Constitución”.