La Cámara de Diputados aprobó este jueves modificaciones al artículo 21 constitucional que da a la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Omar García Harfuch, la facultad de investigar delitos.
Con 441 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron en lo general y particular el dictamen que reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución en materia de seguridad pública.
Durante la sesión de este jueves, la diputada Julia Arcelia Olguín Serna, de Morena, llamó a fortalecer la estrategia de seguridad del país, pues el crimen organizado ha sido un flagelo.
“Con la reforma se podrá avanzar en la consolidación de un aparato nacional de seguridad, habrá capacidad de investigación criminal y diseño de una verdadera estrategia contra el crimen organizado”, indicó.
El diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, aseguró que con la reforma se genera una Estrategia Nacional de Seguridad Pública cuyo eje será combatir la violencia y la inseguridad, a efecto de proteger a la población bajo el principio del respeto a los derechos humanos y generar paz social.
De la oposición, el diputado del PAN, Fernando Torres Graciano, respaldó el dictamen porque, dijo, “es el clamor ciudadano, es la seguridad y la atención de la inseguridad es de Estado”.
“Esperamos que en la discusión del Presupuesto se revisen los recursos para seguridad pública. No es un voto de confianza, sino de exigencia de resultados, así como recuperar la seguridad y la paz”, agregó.
¿De qué trata la reforma que da ‘superpoder’ a Harfuch?
Se trata de una reforma al artículo 21 constitucional para reforzar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y dotarla de instrumentos jurídicos que permitan su participación en la investigación de los delitos.
La iniciativa, que fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que a dicha Secretaría le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública.
También podrá coordinar acciones de colaboración con los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones responsables de seguridad pública, los cuales deberán proporcionar la información que dispongan en la materia.