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¡Ojo, Sheinbaum! Alertan de los posibles factores que pueden aumentar la violencia en México en 2025

Los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han estado marcados por un incremento en los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos criminales, señala reporte de ACLED.

La ACLED advierte que la posible participación de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad, en zonas con altos niveles de violencia, podría representar un riesgo para los derechos humanos y la seguridad del país. [Fotografía. Cuartoscuro]

El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentará grandes desafíos para tratar de contener la violencia en México en 2025, revela el informe presentado por la Armed Conflict Location and Event Data (ACLED).

La mandataria ha enfatizado que durante su gobierno buscará incrementar los trabajos de inteligencia e investigación para reducir la inseguridad en el país. Además, también ha señalado que su administración se enfocará en “atender las causas” de la violencia, donde la implementación de programas sociales tendrá un papel relevante.

El reporte de ACLED señala que los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum han estado marcados por un incremento en los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos criminales, en un intento de “proyectar control en medio de una creciente violencia”.

Desde el 1 de octubre hasta el 11 de diciembre se han registrado 5 mil 298 homicidios dolosos en México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).


Las disputas territoriales entre las organizaciones que se dedican al narcotráfico han disparado la crisis de violencia en México, principalmente en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán y Chiapas. Sin embargo, el informe de ACLED revela otros factores de riesgo que pueden incrementar la inseguridad.

Amenazas arancelarias de Donald Trump e intervención de militar un riesgo para México

Uno de las principales propuestas de campaña de Donald Trump durante el proceso electoral es la implementación de aranceles del 25 por ciento al país, si no lograba frenar el tráfico de drogas y el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos.

Las amenazas arancelarias y la deportación masiva de migrantes podrían representar presiones para Claudia Sheinbaum para endurecer su combate contra organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, indica el documento de ACLED.

Otros factores de riesgo para la seguridad del país, revela el documento, es la propuesta de Donald Trump y los legisladores republicanos de enviar fuerzas militares estadounidenses a México para capturar a los líderes de las agrupaciones criminales y frenar ‘en seco’ el tráfico de fentanilo.


Respecto a las estrictas medidas para reducir la migración en la frontera entre México y Estados Unidos, estas podrían provocar un incremento del tráfico de personas. Dicha actividad delictiva, podría representar un negocio lucrativo para el crimen organizado y le permitiría financiar los conflictos internos y ampliar su control territorial.

Guardia Nacional riesgo para los derechos humanos

La ACLED advierte que la posible participación de la Guardia Nacional en la estrategia de seguridad, en zonas con altos niveles de violencia, podría representar un riesgo para los derechos humanos.

En los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se aprobó el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena, medida que fue criticada por organizaciones sociales debido al temor de posibles abusos de autoridad.

El informe de la ACLED resaltó el asesinato de seis migrantes a manos de miembros del Ejército Mexicano en Chiapas el pasado 2 de octubre.

Elección judicial ‘puerta abierta’ para grupos criminales

La elección del Poder Judicial, que está programada para realizarse en junio de 2025, podría representar un riesgo para la ciudadanía a largo plazo, advierte el reporte de la ACLED.

El documento del organismo señala que las candidaturas “pueden ser más vulnerables a la influencia partidista o criminal, incentivando a las pandillas a penetrar las instituciones estatales”.

La influencia de grupos criminales en los distintos cargos judiciales podría representar un incremento en los casos de impunidad, “erosionando aún más la confianza y la seguridad públicas”.


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