El Senado de la República aprobó un dictámen para la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que permitirá un incremento en las penas relacionadas con estas faltas.
Con 110 votos a favor, se aprobó en lo general la modificación al Código Penal, así como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entre otras, para que la medida tenga efecto.
Para la discusión en lo particular, que también se aprobó con 95 votos a favor, se añadieron modificaciones de Malu Micher e Ignacio Mier, ambos de la bancada de Morena, esto con el objetivo de incorporar la perspectiva de género al momento de atender a mujeres víctimas de extorsión.
Además, otra reserva incluye el incremento de las sanciones cuando los delincuentes la practiquen a través de artículos electrónicos.
Tras su aprobación, el dictámen pasó a la Cámara de Diputados, donde será discutido y votado para posteriormente ser firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ley contra la Extorsión: ¿Qué sanciones tiene y cómo funcionará contra el delito?
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión incluye distintas modificaciones, más allá del incremento a las penas para extorsionadores, además de medidas con las que se protegen los derechos humanos de los ciudadanos.
Algunas de las principales implicaciones de la ley contra la Extorsión en México son:
- Las fiscalía contarán con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión, y homologa criterios y procedimientos penales, para que las conductas extorsivas reciban el mismo trato legal.
- El umbral de la pena por extorsión aumenta a un rango de 15 a 25 años, por encima de los 6 a 15 años que aplican actualmente.
- Los recursos obtenidos por la extinción de dominio serán aplicados para la restitución de los derechos de las víctimas.
- Los funcionarios de seguridad que se abstengan de denunciar delitos de extorsión ante el Ministerio Público tendrán sanciones de 10 a 20 años de cárcel.
- Habrán penas de 6 a 12 años por introducir celulares y otros dispositivos electrónicos a centros penitenciarios.
- Las autoridades deben dar medidas protectoras a las personas víctimas de extorsión, especialmente cuando esté en peligro la vida de los agravados, su libertad o integridad física o mental, o puedan ser sometidos por estar en el procedimiento.
Funcionarios de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde, el PT y el PRI estuvieron de acuerdo con la aprobación de la reforma, aunque la bancada del PRI aseguró que se necesita más presupuesto en materia de seguridad para que se cumpla en su totalidad.
