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Alejando Martí ofrece defensa legal a militar acusado de ejecutar a huachicolero

El presidente de México SOS dijo que Alejandro Robledo, un abogado que trabaja directamente para él, e incluso llevó el caso de su hijo Fernando, encabezaría la defensa de “este militar injustamente acusado”.

CIUDAD DE MÉXICO.- El activista Alejandro Martí ofreció defensa legal gratuita para el militar acusado de ejecutar a un presunto ladrón de hidrocarburos, el 3 de mayo pasado, en Palmarito, Puebla.

"Estoy dispuesto a defender al soldado que presuntamente dio el tiro de gracia a un ´civil´ en los enfrentamientos de Palmarito, Puebla, donde huachicoleros y las Fuerzas Armadas se enfrentaron el día 3 de mayo de 2017", señaló.

A través de su cuenta de Twitter, dijo que Alejandro Robledo, un abogado que trabaja directamente para él, e incluso llevó el caso de su hijo Fernando, encabezaría la defensa de "este militar injustamente acusado".

"Ante posibles injusticias, hagamos la diferencia", agregó el empresario en el tuit que fue acompañado de otros mensajes en los que se refiere a los enfrentamientos entre huachicoleros y elementos del Ejército mexicano.

"El militar que recibió el disparo por la espalda el miércoles en Palmarito Tochapan, Puebla, está muerto. Mis sinceras condolencias a su familia", escribió en otro de los mensajes.

El 3 de mayo pasado, en lo que se descifró como un abierto desafío al Estado mexicano, huachicoleros (sujetos dedicados al robo de hidrocarburo en ductos de Pemex) enfrentaron al Ejército mexicano, en el poblado de Palmarito Touchapan, Puebla; cuatro militares fallecieron y fueron heridos 11.

De acuerdo con la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, para evitar que se repelieran la agresión, los huachicoleros, quienes viajaban en camionetas blindadas, utilizaron a mujeres y niños como escudos humanos.

Días después, se difundió un video, sin sonido, en el que se observa que presuntamente un militar asesina de un disparo en la cabeza a un sujeto que ya está sometido y colocado en el piso boca abajo.

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el propio Ejército iniciaron sus respectivas investigaciones para deslindar las responsabilidades del caso.

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