CIUDAD DE MÉXICO.- Con acusaciones en su contra por fraude, despojo, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, entre otras, el diputado federal panista de Baja California, Jorge Ramos Hernández, fue designado presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El exalcalde de Tijuana –quien relevó en el cargo al panista veracruzano Miguel Ángel Yunes en el Palacio Legislativo de San Lázaro– fue sometido, incluso, a juicio político apenas en noviembre del 2011 por el Congreso de su estado.
Por unanimidad, los legisladores de la Comisión Jurisdiccional del Congreso local aprobaron iniciar el juicio en su contra, por el quebranto patrimonial que causó al no entregar más de 80 millones de pesos de cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
La solicitud la presentó Juan Manuel Veiga Galindo, el entonces apoderado legal del ayuntamiento, quien argumentó que la retención de fondos "no se debió a falta de liquidez de la tesorería municipal, porque tenía recursos suficientes".
Aunque el dictamen permaneció congelado por tres años para un "mayor análisis", en 2014 se reactivó y llegó al pleno, pero, con la operación política del panista Cuauhtémoc Cardona Benavides –quien fue diputado federal y subsecretario de Gobernación durante el gobierno de Felipe Calderón– el Congreso local concluyó que, debido a que transcurrió el tiempo previsto dentro de la ley, el caso prescribió y se "extinguió la facultad sancionadora", por lo que se "sobresee" y archiva de manera definitiva.
Lo anterior, se indicó, sin "prejuzgar" si el exalcalde tiene responsabilidad o no de los cargos que le fueron señalados por el 20 ayuntamiento, dirigido por el entonces presidente Carlos Bustamante Anchondo.
"Sí, efectivamente, se aprobó un proceso de juicio político en mi contra, pero al final no procedió", admite hoy el diputado panista Jorge Ramos Hernández. "Todo fue parte de un juego político de aquel tiempo, que al final no procedió y por eso fui candidato, fui electo y gané la elección", insiste.
Consultado sobre las denuncias penales en su contra, el legislador explica también que "son acusaciones sin fundamento" y que "documentos que no tienen ninguna seriedad". Por el contrario –añade- "en Tijuana hicimos un gran trabajo con resultados concretos, ya que disminuyó notoriamente la inseguridad".
Sobre Jorge Ramos –quien fue alcalde de Tijuana entre 2007 y 2010– aparece también una denuncia –con las averiguaciones 2024/09, 1345/11 y 2456/12–presentada por Roberto Mendoza Sánchez, apoderado legal de Gabriela Zambrano Romero, por despojo de un predio del que es propietaria legítima, pero que el entonces alcalde le quiso arrebatar sólo por estar junto a uno de sus negocios.
Apenas en mayo del año pasado, durante las campañas para diputados federales, Ismael Burgueño Ruiz, coordinador de campaña de Araceli Geraldo, candidata de Morena al Cuarto distrito de Baja California, mencionó sobre las acusaciones de enriquecimiento en contra de Ramos Hernández, "un yate de 2 millones de dólares, dos lujosas mansiones en Chula Vista, California, e inversiones y cuentas en varios bancos, hacen incalculable un enriquecimiento ilícito".