CIUDAD DE MÉXICO.- De ser hallada culpable por la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, Celina Oseguera Parra, excoordinadora de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), recibiría una sentencia de hasta 20 años de prisión.
Oseguera Parra es la exservidora pública de mayor rango entre los 20 detenidos por este caso y ya fue consignada el pasado fin de semana. Se trata de una mujer que desde antes del caso del Chapo Guzmán ha sido involucrada en actos de corrupción en penales de la ciudad de México y federales, cuando ella los administró.
A la fuga del Chapo Guzmán se suman otros casos que durante su gestión dieron mucho de qué hablar, como los beneficios que recibió Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, durante su estancia el penal femenil Santa Marta.
A principios de 2011 se reveló que Ávila Beltrán –ligada en distintas acusaciones al Cártel de Sinaloa–, se sometió a una cirugía estética (aplicación de bótox para contrarrestar las arrugas) dentro del centro penitenciario femenil.
Ese hecho derivó en su momento en la renuncia de la directora de ese penal femenil, Sara Leticia Morales Cartagena. A Oseguera Parra, entonces responsable de todos los penales capitalinos, no se le fincó ninguna responsabilidad por el beneficio a la reo.
Otro caso que puso su nombre en entredicho ocurrió en abril de 2011 cuando se reveló la contratación de Miguel Rivera Villa, director ejecutivo de seguridad penitenciaria y colaborador de Celina Oseguera Parra.
Rivera Villa fue Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, área encargada de las prisiones estatales, cuando ocurrió la fuga de 53 reos ligados a Los Zetas que estaban recluidos en el penal de Cieneguillas.
Gerónimo Miguel Andrés Martínez, responsable de esa prisión zacatecana durante aquella fuga, también fue contratado en la administración de Oseguera Parra en los penales capitalinos, aunque luego fue cesado por proteger a un secuestrador.
Otro caso, pero en las prisiones capitalinas, que incluso derivó en una recomendación de la CDHDF fue el descubrimiento de una red de autoridades y reos que obligaban a internas a prostituirse en los penales del Distrito Federal.
El caso salió a la luz luego de que tres internas del penal femenil de Santa Martha denunciaron –el 9 de febrero, 28 de julio y 21 de octubre todos de 2009–, ser acosadas sexualmente y de intento de obligarlas a prostituirse. En los tres casos se responsabilizó a funcionarios del penal e internos.
Una de las mujeres explicó que ella y su esposo estaban bajo proceso penal en el Reclusorio Oriente y cada vez que ella era trasladada los custodios le pedían sexo con ellos y que se prostituyera, o de lo contrario amenazaban con golpear a su marido.
Al respecto Oseguera Parra dijo en su momento –según nota publicada en La Jornada el 20 de agosto de 2010–, que eran las mismas internas "las que buscan ejercer esta actividad (sexoservicio) en un acto consentido".
En su administración al frente de los penales capitalinos, también se dispararon los casos de extorsión realizados por internos de diferentes reclusorios. Por esa razón en noviembre de 2010 anunció una inversión de 147 millones 800 mil pesos para renovar los equipos de seguridad y vigilancia, así como obras de mantenimiento.
Pese a ello, las extorsiones y secuestros dirigidos por reclusos continuaron de manera incontrolable, aun cuando estos eran trasladados al módulo de máxima seguridad denominado Diamante.
A nivel federal y como responsable de las prisiones federales, Oseguera Parra tuvo que enfrentar decenas de denuncias por maltrato a algunos internos y beneficios a otros, principalmente los relacionados con narcotráfico.
El caso más grave que la inculpa hasta ahora como servidora pública es la fuga del Chapo Guzmán, por la cual podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión, si se le encuentra culpable. Celina Oseguera está entre los 20 consignados por ese escape.
