CIUDAD DE MÉXICO.- Más allá de eliminar algunas prestaciones menores, a los diputados federales no les urge cumplir con lo establecido en la Ley General de Transparencia, para el manejo total de sus millonarias "subvenciones extraordinarias" (3 mil 130 mdp) y sus altos gastos de "Servicios Personales" (4 mil 470 mdp) en 2016.
Los diputados tuvieron que ordenar, adecuar y reorganizar su administración general interna desde el pasado 30 de agosto y no lo hicieron.
"Los diputados estamos en un incumplimiento, efectivamente, aunque estamos en la mejor disposición de cumplir lo más pronto posible, pero hasta el momento no hay una fecha concreta; y, ciertamente, es una muy mala imagen para la Cámara de Diputados y para el Congreso de la Unión en su conjunto", reconoce el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
El artículo Décimo Tercero Transitorio de dicha Ley –publicada en el DOF desde el 4 de mayo pasado– ordena:
"Para el efecto del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere la presente ley, cada Cámara del Congreso de la Unión aprobará, a más tardar el 30 de agosto de 2015, un programa de reorganización administrativa, que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios...".
Guadalupe Acosta Naranjo, vicecoordinador del PRD, revela que "no hay acuerdo en ese tema en la Junta de Coordinación Política porque hay interpretaciones distintas de la ley".
"El PRI argumenta que ya se cumplió, que ya se inició el proceso de reorganización administrativa, pero que debe ser gradual y que será por ahí de mayo. Nosotros decimos que la ley establece que ese proceso se debió hacer desde antes y que, a partir de septiembre, ya debía estar listo para un manejo plenamente transparente de todos los recursos que reciben los grupos parlamentarios", añade.
El coordinador del PAN, Marko Cortés Mendoza, coincide que "está aún pendiente este cumplimiento", pero celebra que ésta será la primera legislatura en aplicar esta ley, con lo que "como sujetos obligados, cada fracción y cada partido deberán rendir cuentas". No hay fecha para concluir la reorganización administrativa en San Lázaro, admite.