CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, firmó en marzo pasado, de puño y letra, un documento en el que se comprometió a retomar el control de las cárceles de Nuevo León y resolver los problemas en el interior de los centros penitenciarios. Ayer, a siete meses de iniciada su gestión como gobernador del estado, se registró un motín en el penal de Topo Chico que dejó 49 muertos y 12 lesionados. La peor tragedia en la historia de las cárceles del país.
"Yo me he comprometido a trabajar sobre esos diez puntos en los que se establece que trabajaremos para resolver el problema que hay hacia el interior de los penales", dijo El Bronco al firmar ese acuerdo en el que no hizo ninguna referencia al apoyo de la Federación. Diputados federales y locales, así como activistas, lo acusaron de haber renunciado a la ayuda del Gobierno Federal.
María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, dijo a El Financiero que en la administración de Rodrigo Medina se firmó un convenio con la Federación para que militares mantuvieran el control en las aduanas y periferia de las prisiones de Nuevo León. Pero ese acuerdo que no se renovó con El Bronco.
"No sólo no renovó el convenio, con lo que se dejó de contar con la presencia de 600 elementos del Ejército, sino que no se reforzó con la Fuerza Civil la seguridad en los penales", dijo en entrevista telefónica.
Jesús Zambrano, legislador del PRD y presidente de la Cámara de Diputados, recriminó esa situación: "Rodríguez Calderón dijo que se iba a hacer cargo de los penales del estado y que no necesitaba la presencia de fuerza federal; ahí está una de las consecuencias de uno de esos arrebatos que no tienen nada que ver con comportarse o estar a la altura de un hombre de estado".
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, sentenció: "Todos sabemos que antes el Ejército tenía el control del penal, y lo que exigimos es una explicación de por qué el gobierno del estado no renovó este convenio de colaboración" con el gobierno federal.
El Bronco tampoco atendió las alertas que desde 2008 advertían de la gestación de un fenómeno criminal por las disputas ente el Cártel del Golfo y Los Zetas, que propiciaron seis motines en los centros penitenciarios de Nuevo Léon (Topo Chico, Cadereyta y Apodaca), 110 muertos y cientos de heridos.
El más reciente hecho ocurrió ayer en Topo Chico, cuando integrantes de Los Zetas –según información del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales– se enfrentaron con el trágico saldo, el mayor provocado por un incidente de este tipo en las cárceles de México.
Las alertas llegaron desde las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, las cuales en distintos informes advierten que en las prisiones de Nuevo León hay autogobierno, sobrepoblación, hacinamiento y falta de clasificación de los reos, ni siquiera hay restricción en la convivencia de hombres y mujeres.