CANCÚN.- El ayuntamiento de Benito Juárez confirmó que el cambio de situación jurídica de bien de dominio público a privado sobre los predios que donó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la instancia en Malecón Tajamar, se realizó durante la administración 2008-2011, (que encabezó Gregorio Sánchez Martínez), "por lo que no es atribuible a la actual administración".
El secretario general del ayuntamiento, Jorge Rodríguez Méndez, señaló que como consta en la escritura púbica, Fonatur donó en 2008 al municipio tres predios y su categoría se modificó en la vigésimo cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, del 10 de noviembre de 2009.
Como parte del movimiento de defensa Salvemos Malecón Tajamar, activistas denunciaron hace unos días serias irregularidades y omisiones en el Registro Público de la Propiedad en torno al proyecto, entre ellas un embargo de 609 millones de pesos sobre el predio de 5.4 hectáreas propiedad del Ayuntamiento de Benito Juárez.
De acuerdo con el registro, el embargo estaba a favor de Grupo Carretero S.A. de C.V. y les informaron que estaban en proceso dos movimientos la cancelación del gravamen y un traslado de dominio.
Rodríguez Méndez mencionó que en esa misma administración, en la trigésimo sexta sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó también una consulta pública para poner en venta dichos bienes, bajo argumento de pagar adeudos acumulados de anteriores gestiones.
Sin embargo, apuntó, dicha comercialización no se concretó debido a la resolución de un juicio contencioso administrativo de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, correspondiente al expediente SCA/A/221/2009, por lo que este predio sigue intacto.
El funcionario precisó que dichos terrenos, que hacen un total de más de cinco hectáreas, siguen siendo propiedad de los benitojuarenses, "pues la política de la actual administración, que encabeza Paul Carrillo de Cáceres, es no vender bienes del municipio".
Jorge Rodríguez explicó que el 15 de febrero de 2013, durante el período de Julián Ricalde Magaña, se inscribió en el Registro Público de la Propiedad un embargo preventivo por más de 608 mil pesos, por parte de la empresa Grupo Carretero Mexicano S.A., y el actual gobierno da seguimiento a ese procedimiento para que no proceda dicha acción legal.
Dicho documento de embargo está en el expediente de los Bienes del Municipio según certificado de gravamen expedido por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con fecha 12 de abril del 2016, pero no fue en el actual período cuando se inscribió, sino durante el gobierno anterior, subrayó.