CIUDAD DE MÉXICO.- Édgar Elías Azar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), defendió que el beneficio procesal que recibieron los dos implicados en el multihomicidio de la Narvarte en sus primeras detenciones estuvo apegado a derecho y no hubo irregularidad alguna.
"Se dictó sentencia, se le aplicó una penalidad menor de 5 años y pues tiene derecho a esa libertad, y ya. Pues digo, está en la Constitución, está en la ley, y la ley se tiene que aplicar, o sea el juez que lo libera, le dio el beneficio y qué va a saber él que se va a meter en otro lío mayúsculo ¿no?", aseguró.
Los dos detenidos por el caso Narvarte estuvieron ya en la comisión de delitos graves, pero ambos obtuvieron beneficios procesales lo que les permitieron, a uno purgar la mitad de su condena y al otro ni siquiera pisar la cárcel.
Así se advierte de los antecedentes penales de Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino, a quienes la Procuraduría capitalina acusa del quíntuple homicidio ocurrido el 31 de julio pasado en el departamento 401, edificio 1909, de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte.
Pero no son los únicos, según la estadística más actualizada del TSJDF, en la capital de país, entre el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014 se concedieron 3 mil 633 beneficios de prelibertad en sus distintas modalidades.
Los dos implicados en el caso Narvarte recibieron sentencias condenatorias por distintos jueces del TSJDF, Pacheco Gutiérrez por violación agravada, y Torres Tranquilino por un caso de tortura a una persona en Tepito.
De acuerdo con el registro de Pacheco Gutiérrez, el 23 de octubre de 2001 fue sentenciado a una pena de 9 años y 6 meses de prisión dentro del proceso penal radicado en la partida 4900/2000.
Si hubiera cumplido la pena por completo, Pacheco Gutiérrez hubiera salido de prisión en marzo de 2010. Sin embargo, gracias a los beneficios procesales pudo salir el 12 de octubre de 2005, es decir cuatro años y cinco meses antes de cumplir la totalidad de la pena.
En el caso de Abraham Torres Tranquilino, expolicía del Distrito Federal, fue sentenciado, por un caso de tortura, a una pena de 4 años 8 meses de prisión. La procuraduría capitalina lo acuso del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público. De acuerdo con el artículo 259 del Código Penal del Distrito Federal, al momento de cometido el hecho, el 19 de noviembre de 2011, dicho ilícito no era considerado como grave por lo que se le dio el beneficio de la libertad bajo fianza.