CIUDAD DE MÉXICO.- En un hecho inusitado, Miguel Ángel Mancera, jefe del Gobierno del Distrito Federal, solicitó la renuncia de todo su gabinete legal "y de algunos del ampliado", con el fin de evaluar avances en programas de gobierno y si éstos han tenido el impacto que se esperaba.
Esta renuncia surtirá efectos a partir del próximo 15 de julio y, de acuerdo con el jefe de gobierno, los resultados, que servirán para ratificar o no a cada uno de sus funcionarios, "estarán listos unos días antes de que presente mi informe ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal".
De acuerdo con fuentes consultadas por El Financiero, entre aquellos funcionarios que no recibirían la ratificación del jefe de gobierno se encuentran el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, el secretario de Movilidad, Rufino León Tovar, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega Cuevas e incluso la secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez.
En los tres años que lleva su administración, varios de sus colaboradores han sido señalados, incluso por personajes del mismo partido que lo llevó al poder, de generar más conflictos de los que resolvieron.
Está el caso de su secretario de Gobierno, Héctor Serrano, a quien muchos identificaban como el operador político del PRD y que los partidos de oposición, principalmente Morena, acusaron de ordenar, durante la pasada elección, que los candidatos de esos partidos recibieran apoyo desde las delegaciones políticas, para lo cual, denunciaron, se desviaron recursos de programas sociales para beneficio de los candidatos.
Serrano fue, durante el sexenio pasado, el operador político de Marcelo Ebrard y existen denuncias sobre su actuación dentro del PRD incluso a la hora de nombrar candidatos a puestos de elección popular, como Jesús Valencia, quien a la postre sería el jefe delegacional en Iztapalapa y que se viera inmiscuido en un accidente vehicular cuando conducía una camioneta propiedad de una empresa contratista.
Está, también, la actual secretaria de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, quien durante la última elección fue acusada por candidatos perredistas que perdieron la competencia por un cargo de elección popular, de haber operado y desviado recursos de programas sociales a favor de algunos candidatos de Morena. Incluso, el senador perredista Miguel Barbosa exigió a Mancera la renuncia de esta funcionaria.
En el caso del titular de la Secretaría de Movilidad, Rufino León Tovar, también recayó en el jefe de gobierno la presión de los taxistas organizados de la ciudad, quienes incluso amenazaron con no pagar impuestos de revista vehicular y tenencia si se permitía la operación de las empresas de aplicaciones electrónicas, Uber y Cabify.
Asimismo está el caso del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Joel Ortega Cuevas, quien aconsejó el alza de dos a cinco pesos al costo del boleto, que aconsejó el cierre de la mitad de la Línea 12 del Metro y no atinó a dar respuestas satisfactorias sobre el destino de los recursos generados con el aumento al precio del Metro, también ocasionó fuertes presiones al jefe de gobierno.
Por la tarde, el jefe de gobierno convocó a una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y sólo ratificó la información que desde el mediodía se había filtrado a los medios de comunicación, en un mensaje que duró escasos dos minutos.