CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, Oaxaca, que dejaron al menos ocho muertos y llamó a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados así como a privilegiar el diálogo.
"Lamento la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido", señaló Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH.
"Mi oficina hace un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas", agregó.
Sobre la demanda de los hechos del pasado domingo, dijo: "La oficina llama a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, exhorta a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas".
Recordó que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, "toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso", dijo.
Apuntó que en ese contexto, "la ONU-DH reitera la recomendación formulada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación".
Finalmente indicó que dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con quien ha estado en contacto sobre lo sucedido.