CIUDAD DE MÉXICO. La oficina de las Naciones Unidas en México (ONU México) expresó su solidaridad a las más de 180 víctimas directas de diferentes violaciones a los derechos humanos y sus familias con ocasión de cumplirse el primer año de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En un comunicado, el organismo expresó que la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de seis personas y las lesiones ocasionadas a más de 40 personas, algunas de ellas de suma gravedad, constituye uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos en la historia reciente de México.
Agregó que aprecia la reacción alentadora del gobierno al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la apertura al diálogo que las autoridades mexicanas han tenido con las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos.
También reconoció su disposición de mantener abiertas las líneas de investigación del caso como muestras del interés por buscar las mejores fórmulas para esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Asimismo, ONU México manifestó su reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", al Equipo Argentino de Antropología Forense y al conjunto de organizaciones sociales y la ciudadanía que desde diferentes ámbitos han venido acompañando a las víctimas de éste y otros casos de desapariciones de personas.
Apuntó que como parte del derecho a la verdad y la justicia de las víctimas se une al llamado hecho por el GIEI y respaldado por varios expertos y expertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en favor de hacer un "replanteamiento general" de la investigación de los hechos ocurridos en Iguala.
Con ello se podrán esclarecer las irregularidades surgidas a lo largo de la investigación, que incluyen informaciones sobre el uso de la tortura para conseguir confesiones, alteración de evidencias, omisiones en las investigaciones y deficiencias periciales, entre otras.
"Asimismo, es fundamental establecer las responsabilidades de las autoridades municipales, estatales y federales que participaron directamente en los hechos o que teniendo conocimiento de los mismos no cumplieron con el deber de garantía, prevención y protección que toda autoridad tiene".
Agregó que las más de 26 mil personas cuyo paradero se desconoce, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, deben alentar a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible.
Señaló que los hechos de Iguala han contribuido a evidenciar los desafíos que enfrenta Mexico en materia de desapariciones y el Estado se encuentra ante una "oportunidad histórica", como la calificó recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, para transformar la situación imperante.
Añade que ONU México también reconoce y alienta a todas aquellas personas que desde el gobierno y la sociedad civil trabajan incansablemente para erradicar las desapariciones y enfrentar sus consecuencias a no desistir en su empeño.
Por último, reiteró su disponibilidad para seguir trabajando conjuntamente con el Estado mexicano en favor del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.