CIUDAD DE MÉXICO.- Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo (PT) es, para la Procuraduría General de la República (PGR), presunto responsable de lavar 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.
De acuerdo con un documento emitido por la Procuraduría el 10 de agosto, la denuncia de hechos es "en contra de la persona física María Guadalupe Martínez (esposa del líder del PT) y/o en contra de quienes resulten responsables, mencionando a la persona de nombre Alberto Anaya Gutiérrez, Laura Elena Guerra Martínez, María Mayda Paredes Díaz, Héctor Quiroz García y Carlos Hugo Castañeda, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo".
Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, dijo que la dependencia aseguró cuentas bancarias (cuatro) ligadas a esa presunta red criminal.
Señaló que el aseguramiento busca evitar el ocultamiento o utilización de esos recursos con fines distintos a la construcción y mantenimiento de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para los que originalmente fueron entregados esos recursos por 100 millones de pesos.
"El hecho de que se hubieran asegurado esos recursos no es ni debe ser considerado en perjuicio de los menores que asisten a estos centros educativos, sino para garantizar que no pudieran ser ocultados o dilapidados", aseguró.
En la audiencia del sábado pasado realizada ante el juez de Control de la Ciudad de México, los representantes de la PGR explicaron que la red está conformada por cuatro personas.
Detallaron que Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya, realizó las transacciones en las que participaron también María Mayda Paredes, miembro del PT y regidora de Monterrey, María Cristina Martínez y Héctor Quiroz, dirigente del partido en Aguascalientes.
Al detallar parte de la investigación que realizaron, los representantes de la Procuraduría explicaron que María Guadalupe Rodríguez fue quien recibió en enero pasado 100 millones de pesos del gobierno de Nuevo León.
Los recursos eran para la construcción y mantenimiento de 17 Cendis que administraría el Frente Popular Tierra y Libertad, organización social vinculada al PT.
Los 100 millones fueron trasferidos a un fondo de inversión y, después, depositados a diferentes cuentas bancarias, entre el 2 febrero y el 13 de junio pasado.
A María Cristina Martínez le fueron transferidos 6 millones de pesos y ella retiró 4.4 millones; mientras que a María Mayda Paredes Díaz le depositaron 9 millones y sacó 3.5 millones de pesos.
En cuanto a Héctor Quiroz, se le transfirieron 12 millones 899 mil 909 pesos, y él hizo más de 50 retiros por 11 millones 8 mil 592 pesos. Este sujeto es el único detenido, aunque enfrentará su proceso en libertad tras pagar fianza de 600 mil pesos.
Al respecto, el titular de la SEIDO aclaró que la Procuraduría no solicitó al juez la prisión preventiva obligatoria contra Quiroz García, porque esta figura debe ser, con el nuevo sistema de justicia, la excepción y no la regla.
"El MP ha optado por ir a solicitar prisión preventiva sólo en casos que se considera de mayor gravedad o que existe un riesgo para las víctimas o para la sociedad, que no es el caso", señaló. Además, dijo, mañana se llevará a cabo una nueva audiencia en la que PGR solicitará la vinculación a proceso de Quiroz García, con la finalidad de enjuiciarlo.