AGUASCALIENTES.- El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, desestimó la sentencia de seis años nueve meses de prisión dictada en su contra por el Juzgado Segundo de lo Penal por el delito de peculado y ejercicio indebido del servicio público, al acreditarle participación en la compra "simulada" de un tomógrafo que costó al erario público 13.8 millones de pesos.
En declaraciones a medios de comunicación, Reynoso Femat estableció que no era una sentencia definitiva, por lo que no hay cambio alguno en su estatus legal.
"Sigo siendo inocente y sin cargo alguno", y agregó que serían instancias federales y eventualmente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que juzgarían el caso y podrían resolverlo de forma definitiva.
Este es uno de los cuatro casos judiciales abiertos en contra el exgobernador, quien recurrió a amparos y ha depositado fianzas por un monto aproximado de 84 millones de pesos para librar órdenes de aprehensión y enfrentar los procesos en libertad.
De esa cantidad, 12 millones corresponden al caso del tomógrafo –expediente 0065/2013- el cual no está considerado como delito grave y puede ser conmutable mediante la reparación del daño. Por tanto, Reynoso Femat solo tendrá que aportar 1.8 millones de pesos, para completar los 13.8 millones reclamados por la justicia.
El equipo de defensa del exgobernador distribuyó posteriormente un comunicado en el que acusa a la Fiscalía General del Estado de "violentar el principio de presunción de inocencia" y de vulnerar "un derecho humano de quien se acusa debido a que se hace público un asunto cuando aún no existe una sentencia definitiva".
Refrenda también que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Penal no señala "como consecuencia de que el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat pierda su libertad, en virtud de que goza del beneficio de la libertad provisional bajo caución que garantiza que llevará el proceso en libertad".
Precisa que se apelará ante la sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y que si el dictamen resulta adverso se recurrirá al amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito donde se resolvería en definitiva el caso; además, plantea la posibilidad de que el mismo sea atraído por la SCJN "por las cuestiones de constitucionalidad que se están resolviendo".