VERACRUZ.- Para este proceso electoral en Veracruz hay siete contendientes que buscarán obtener, en medio de un clima de inseguridad y desconfianza, la gubernatura. Las campañas inician este domingo.
El cargo durará dos años, luego de que se aprobara una controvertida reforma constitucional que busca homologar los tiempos electorales con los procesos federales.
Los aspirantes son Miguel Angel Yunes Linares quien abandera la alianza PAN-PRD; Héctor Yunes Landa por el PRI- Verde Ecologista- Nueva Alianza y Alternativa Veracruzana; Alejandro Vázquez Cuevas por el PES, Alba Leonila Méndez Herrera representa al PT; Armando Méndez de la Luz tiene la bandera de Movimiento Ciudadano; Juan Bueno Torio va por la vía independiente y Morena impulsa a Cuitláhuac García Jiménez.
De todos ellos, al menos cinco de los candidatos han pertenecido a otro partido. Los representantes del PES, PT y el candidato independiente tienen un pasado panista, mientras que los aspirantes de la coalición PAN-PRD y de MC hace algunos años engrosaron las filas priistas.
De acuerdo con algunas encuestas presentadas por los mismos aspirantes, los que encabezan la competencia son Yunes Landa del PRI y Yunes Linares del PAN-PRD, el tercer lugar parece ser peleado por el Juan Bueno Torio, mientras que otros señalan a García Jiménez de Morena como alguien que podría dar una sorpresa.
CLIMA DE INSEGURIDAD
Veracruz ha sido señalado a nivel nacional e internacional en últimos meses por vivir una crisis de inseguridad.
Casos de desapariciones forzadas o de involucramiento de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado han sido dados a conocer constantemente.
También el estado cuenta con el récord de más reporteros y fotógrafos asesinados, más de 15, a nivel nacional, ademas de contar también con algunos comunicadores desplazados debido a amenazas contra su vida.
En algunas regiones de la entidad, la ciudadania ha denunciado que el índice de secuestro ha ido a la alza y por lo cual en diferentes ocasiones actores políticos han solicitado que las fuerzas federales tomen el control de la vigilancia.
Por ello, representantes de Movimiento Ciudadano, Morena y PAN exigieron que las casillas, oficinas de los órganos distritales y la paquetería electoral sean resguardados por Secretaría de Marina y Armada de México y la Secretaria de la Defensa Nacional, porque dijeron no confiar en la policía estatal.
DESCONFIANZA HACIA EL OPLE
Sumado a dicha situación, el Órgano Publico Local Electoral atraviesa por una problemática de desconfianza pues algunos de los candidatos han señalado abiertamente su inconformidad con quienes lo integran pues argumentan existirá favoritismo hacia el partido en el poder.
Las designaciones de los consejeros electorales se vieron empañadas por acusaciones de irregularidades debido a la cercanía de algunos de ellos al Partido Revolucionario Institucional o por no cumplir con los requisitos que marcaba la convocatoria.
Incluso el OPLE se vio obligado, por orden del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a remover al secretario ejecutivo, Víctor Hugo Moctezuma Lobato carece de buena reputación, y cuenta con sanción administrativa.
También el integrante del comité técnico asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) Juan Manuel Herrero Álvarez fue sustituido por conflicto de intereses.
Asimismo el aspirante del PAN acusó al consejero presidente del OPLE de haber trabajado bajo el mando del gobernador Javier Duarte de Ochoa, por lo que dijo no confiar en la imparcialidad y autonomía del organismo.
"Hoy tenemos a un presidente de este organismo que es un presidente que ha trabajado para el gobierno corrupto de Javier Duarte y un secretario ejecutivo que viene de la campaña del PRI, como todos los sabemos", sentenció.
De igual manera el candidato independiente Bueno Torio ha acusado al OPLE de haber dificultado su registro como candidato al haber restado firmas de apoyo a su solicitud de registro.
Además, enfrenta una insolvencia económica pues el organismo no ha recibido los recursos por parte del gobierno estatal, lo que según los mismos consejeros podría poner en riesgo la elección.
Actualmente las autoridades electorales adeudan más del 50 por ciento del pago por el material que será utilizado en las próximas elecciones.