Este año el país experimentó diversos cambios en la política económica que afectarán de manera importante la eficiencia, productividad y los salarios en el futuro. La primera medida fue la reversión de la reforma energética la cual le otorga mayor poder de mercado a CFE y Pemex, además de restringir la generación de energías a participantes del sector privado, sobre todo en energías renovables. Es decir, el gobierno está privilegiando a las empresas del estado sobre las privadas. Esta medida tendrá efectos adversos que afectarán a la productividad y competitividad de la economía nacional.
Primero, porque al restringir a la competencia privada se generan ineficiencias que se traducen en mayores costos a la producción. Por naturaleza, los monopolios venden a precios mucho más altos que los precios de mercado. Para disminuir este precio se puede implementar un subsidio de gobierno que solo afectará a las finanzas públicas del estado. Segundo, porque las energías renovables ya son más baratas que las fósiles. Según estadísticas de la SENER y de la Agencia Internacional de Energía, el costo de producir energías renovables es de aproximadamente 38 pesos por kilowatt comparado con 168 pesos con combustóleo.
El gobierno federal privilegia al segundo porque es un bien que tiene excedente en el proceso de refinación y prefiere que se obligue a las empresas comprarlo en lugar de tirarlo. Esto por varias razones, pero principalmente porque los países están limitando la importación de energías fósiles y contaminantes. Esta medida perjudicará a los procesos productivos de la industria nacional al encarecer sus costos de producción, sobre todo en el sector manufacturero. Hoy en día la industria en EUA tiene alrededor de un 30 por ciento de menores costos de electricidad que las empresas mexicanas.
Tercero, porque disminuye la innovación y eficiencia de los procesos tecnológicos. Pemex fue un monopolio único por muchas décadas y no se destacó por sus avances tecnológicos. Al contrario, se ha caracterizado por ser una empresa muy ineficiente. Lo anterior porque no tuvo que emprender en áreas de avances tecnológicos e innovación por la falta de competencia. En contraste, las empresas extranjeras que sí compiten entre sí cada vez producen a menores costos. No solo eso, sino que la mayoría de las petroleras son rentables y tienen un nivel de deuda aceptable. Pemex es sumamente ineficiente con pérdidas frecuentes y un nivel de deuda que, si no estuviese respaldada por el gobierno, ya hubiese provocado la quiebra de Pemex.
Por último, además del claro comienzo de la estatización del sector energético ya se puso en marcha el control de precios con el gas LP. Al establecer un precio techo o máximo se limita a los productores y contrae a la oferta. Esto sucede cuando el precio está por debajo del costo promedio total de una empresa. De continuar produciendo esta empresa tendría pérdidas por lo que decide cerrar y dejar de producir. La solución, de nuevo, podría ser el implementar un subsidio, pero con un costo altísimo para el gobierno federal.
Sin duda, la estatización del sector energético tendrá consecuencias muy adversas para la economía nacional. Falta incluir el enojo de los Estados Unidos y Canadá que comenzarán a castigar al país por su incumplimiento del TMEC y revertirá sus inversiones del sector energético hacia otros países. Esta contracción de inversión, que representó casi el 50 por ciento del total en 2020, el encarecimiento de la energía y la falta de oferta de esta, y los subsidios gubernamentales son el coctel adecuado para mermar a la economía potencial de largo plazo.
El autor es director general de Soluciones Financieras GAMMA y profesor de Economía y Finanzas de EGADE Business School. Tiene un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Fue el economista en jefe para México de Itau BBA, director general adjunto de Organismos Financieros Internacionales en la SHCP e investigador en el Banco de México.