Comentaba en una nota anterior, que la actual administración pública federal va a enfrentar un complicado escenario en la segunda parte del sexenio, porque ya se agotaron los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), al igual que los que se encontraban en los Fondos y Fideicomisos sin estructura orgánica, lo que de alguna manera ayudó a financiar el gasto del sector público federal, ante la caída en ingresos presupuestales originada por el desfavorable desempeño de la economía.
De hecho, el panorama para 2022, a pesar de que este año se espera que se recupere una buena parte del crecimiento perdido en 2020 por la pandemia, se estima que los ingresos presupuestarios crecerían por abajo del crecimiento esperado de la economía para el próximo año, y no se generarían los ingresos propios suficientes para financiar los crecientes requerimientos de gasto para 2022.
Si a esto le agregamos que el Presidente ha dejado en claro que no se presentará a la consideración del Congreso de la Unión una reforma fiscal que incremente los impuestos actuales, surge entonces la necesidad de ser más creativos en buscar mecanismos y opciones que incrementen los ingresos públicos, o, en este caso, que potencialicen el poder de compra de los ingresos del gobierno federal.
En concreto, la propuesta que se pone aquí sobre la mesa, es la de buscar un mecanismo que le permita al gobierno federal evitar el pago del IVA en sus adquisiciones de bienes y servicios, en sus inversiones, y en general, de cualquier erogación actualmente gravada con el IVA.
La razón o justificación de esta medida es bastante sencilla, ya que el dueño del IVA es precisamente el Gobierno Federal, por lo que al aceptar el traslado de este impuesto, a cargo de sus proveedores, se diría que se está “Autopagando” el IVA, ya que sus proveedores se lo deben de enterar posteriormente al SAT, previo acreditamiento del IVA que a su vez pagaron al adquirir sus insumos.
Si bien, aparentemente, adoptar esta medida de que el Gobierno Federal NO pague el IVA a tasa general, podría pensarse que es auto compensable, en la medida en la que se reduciría el pago del IVA a cargo de sus proveedores, la certeza de que muchos contribuyentes, proveedores del gobierno federal, adquieren facturas apócrifas para reducir el IVA a su cargo, es dable suponer que por cada peso que se inyecta a la economía, como pago de IVA, por parte del Gobierno Federal, recuperará solo una menor cantidad, debido a estas prácticas de comprar facturas falsas.
Es decir, el beneficio de no pagar IVA, se estima mayor a la reducción potencial en el entero del IVA, a cargo de los proveedores del Gobierno Federal.
Con esta medida, de inmediato, el poder de compra del presupuesto del Gobierno Federal gastado en bienes y servicios que causan IVA, aumentaría en un 16 por ciento, lo que le permitiría al gobierno incrementar en ese mismo porcentaje, el gasto gubernamental.
En una primera ronda, un cálculo preliminar, ubica esta potenciación del gasto público del Gobierno Federal en una cantidad superior a los $400 mil millones de pesos, misma que posteriormente debería ser ajustada con el menor entero de IVA a cargo de los proveedores gubernamentales, y finalmente, debería incidir también en un mayor entero de ISR a cargo de los proveedores que estuvieran actualmente adquiriendo facturas apócrifas, ya que éstas no solo reducen el IVA a cargo, sino también el ISR a pagar.
Es decir, considerando este posible incremento en el ISR a enterar, bien podría esperarse que la potenciación del gasto en la primera ronda, terminara como incremento neto final.
Los posibles efectos negativos para los proveedores gubernamentales, sobre todo para aquellos que no tienen otros clientes, y que serían la generación de saldos a favor de IVA, así como el incremento en su capital de trabajo, podrían compensarse con algún paquete de estímulos fiscales que les compensara estos costos.
Esta propuesta podría adoptar diversas modalidades, como por ejemplo causar una tasa reducida, para reducir o evitar saldos a favor, así como pagar este IVA a cargo del gobierno con certificados fiscales, que pudieran ser aplicados contra el pago de impuestos, para evitar el incremento en el capital de trabajo.
En fin, esta es solo una propuesta tendiente a mejorar la capacidad financiera del Gobierno Federal, muy necesaria en el entorno actual.
