José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, CESPEDES.
La nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México fue aprobada por el Congreso local el 14 de febrero pasado. Lo más relevante de este hecho es que se trata de la primera ley de su tipo en el país, ya que propone cambios en nuestros hábitos de consumo, ayudará a que las empresas y sus cadenas de valor transformen sus procesos para hacerlos más sustentables y generará reconocimiento a aquellas compañías que cumplan con los criterios de circularidad por medio de un distintivo que podrán utilizar en su publicidad y en sus reportes corporativos.
La economía circular es un concepto de desempeño que va más allá de la normativa o de los límites de restricción de contaminantes; es decir, está más enfocada en la operación de las empresas. De ahí, la relevancia, pues es muy difícil regular estos temas en cualquier país, debido a que no es posible obligar a una compañía a que sea eficiente.
De hecho, al ser un tema muy amplio y transversal, hay poca legislación similar en el mundo. Lo que sí existen son estándares de huella hídrica o de huella de carbono, los cuales miden las políticas ambientales de una organización y qué tanto se cumplen.
La Ley aprobada en la Ciudad de México es también una invitación para que las empresas no solo cumplan con los límites normados sobre el tema, sino que busquen elevar sus niveles de eficiencia de uso de recursos y encuentren la mejor manera para reincorporar productos, desechos y residuos a sus propios procesos.
Se trata de un incentivo para ir más allá, en beneficio del medio ambiente, de la sociedad en general y de la propia economía.
Además, evita la sobrerregulación –tomando en cuenta que ya hay innumerables leyes ambientales como por ejemplo de energía, de agua o de residuos– y plantea una visión de fomento.
Esta Ley es el resultado de un proceso abierto en el que los legisladores facilitaron el diálogo plural e incluyente en más de 20 reuniones técnicas durante año y medio, mostrando apertura en su discusión junto con empresarios y expertos, y siendo receptivos en el enfoque de fomento.
Líderes y miembros de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Congreso de CDMX, independientemente del partido político al que pertenecieran, lograron el consenso para imprimir en la Ley elementos como la concientización, la educación y la capacitación, así como la inclusión de incentivos fiscales.
Pero la riqueza que tiene la Ley de Economía Circular también se debe a la labor de Política y Legislación Ambiental A.C. (POLEA), una organización que cuenta con el apoyo de la Embajada Británica y que ayudó a mejorar la redacción y los conceptos de forma importante y que le dio una muy buena estructura.
Por su parte, la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES) coordinó a muchas instituciones y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México participó de manera intensa.
Precisamente al ser una ley pionera en nuestro país y aprobada por el Congreso de la capital del país es probable que nos permita ver avances en el proceso de una ley federal que se encuentra en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación desde noviembre de 2021. De lograrlo, su debida implementación generaría un gran impacto a nivel nacional. Este avance permitiría, realmente, incentivar el tema en todo el país. Un hecho clave debido a que en la Ciudad de México no se produce todo lo que se consume en la capital; la mayoría proviene de otras entidades o países. Por lo tanto, la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México es el primer paso para concretar una inminente y necesaria política nacional de desarrollo sostenible con trascendencia e impacto global.