Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una mayoría de 8 votos, rechazó el proyecto que planteaba que el Senado de la República no fue omiso en el nombramiento de las personas comisionadas del INAI, es decir, la mayoría de las y los ministros consideraron que es un mandato constitucional obligatorio elegir a los tres comisionados que faltan.
Por ello, el asunto será turnado al ministro González Alcántara, quien presentará un nuevo proyecto en agosto, pero, ¿por qué es importante lo acontecido en el alto tribunal?, ¿por qué es importante para la defensa del derecho de acceso a la información y la protección de datos?
Sin duda, lo discutido por la Corte es una bocanada de oxígeno para nuestro Instituto, porque devuelve, a quienes continuamos en la lucha por la garantía de nuestros derechos, la esperanza de que pronto el Pleno vuelva a sesionar y resolver las más de siete mil quejas que se encuentran pendientes.
Así, existe la posibilidad de que las y los ministros consideren que, atendiendo a esta omisión, el Pleno del INAI pueda ser válidamente conformado por cuatro personas, y así acabar con la parálisis sustantiva que ha sufrido el Instituto para poder votar las quejas que se han acumulado estos meses.
Lo anterior no es menor, implica traer al INAI nuevamente a la vida jurídica, ya que si bien hemos seguido trabajando en la promoción y difusión de los derechos que tutela, lo cierto es que necesitamos que la actividad sustantiva que realizamos vuelva a tener cauce.
Para mayor claridad de lo que ha implicado la ausencia de nombramientos, a más de 100 días sin Pleno ya hubiéramos resuelto, por ejemplo, una solicitud ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se pidió el fundamento legal para que sus agentes puedan hacer uso de gas lacrimógeno en contra de personas civiles; información que sirve para tener un mayor conocimiento sobre los mecanismos que pueden utilizarse al ejercer el uso de la fuerza pública, sin llegar al abuso de autoridad.
También, se hubiera decidido sobre un asunto en donde se pidió a la Secretaría de Gobernación que informara el número de solicitudes para reconocimiento de refugiados y asilo político presentadas de enero de 2019 a marzo de 2023, así como las razones por las cuáles se otorgan o niegan estas solicitudes. Casos como este ayudan a transparentar la actuación de las autoridades en materia de atención a personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, lo que, sin duda, favorece la rendición de cuentas.
De igual forma, tenemos en espera de votación un asunto en donde se solicitó, en lengua maya, diversa información sobre la forma en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia protegerá los antiguos caminos que recorre la Vara de San Juan, que parte del poblado de Kopchén y cruza por las vías del Tren Maya.
Esta información resulta de gran importancia para los pueblos originarios de la zona, pues dentro de sus usos y costumbres cuentan con una fiesta tradicional que conlleva una peregrinación para recorrer por más de un mes todas las comunidades de la zona, la cual pasa por el trazo del Tren Maya y de ahí la relevancia de que se solicite y proporcione la información requerida.
Los temas que se abordan son muy diversos, también tenemos listo un proyecto en el que revisamos si la Lotería Nacional es competente o no para conocer de información relacionada con la rifa y venta del avión presidencial, lo que resulta de gran relevancia al involucrar el uso y destino de recursos públicos.
Así, existen ya múltiples casos que desde las ponencias se han proyectado y que esperamos que con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional que interpusimos en el INAI, se nos conceda poder sesionar con los cuatro integrantes que actualmente conformamos el Pleno, para así garantizar a todas las personas su derecho a saber y a la protección de datos personales, hasta que el Senado cumpla con su mandato constitucional.
El autor es comisionado del INAI.