La pobreza no consiste simplemente en la falta de ingresos, sino en la privación de capacidades básicas para llevar una vida digna.
Amartya Sen.
En los últimos años, el mayor logro nacional ha sido la reducción de la pobreza. Los datos de Coneval son claros: de 2018 a 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó del 41.9 por ciento al 36.3 por ciento, lo que representa una reducción de 5.6 por ciento. Es importante destacar que esta reducción se logró a pesar de la pandemia por Covid-19. Sin embargo, otra lectura de los mismos datos revela que la pobreza sigue afectando a más de un tercio de la población. Además, la pobreza es una de las mayores preocupaciones en México. De acuerdo con la consultora internacional IPSOS, la pobreza está entre los primeros tres temas que más preocupan a las y los mexicanos, con 30% por ciento de las respuestas.
En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se celebrará el 17 de octubre, quiero compartir algunas ideas sobre cómo la transparencia puede contribuir en esta fundamental lucha.
En primer lugar, la transparencia en las mediciones de la pobreza permite no sólo dimensionar el fenómeno, sino también tomar decisiones informadas de política pública. Los datos de Coneval que he compartido son un ejemplo de ello. La producción de este tipo de información debe mantenerse en manos de entidades con autonomía técnica, para evitar posibles sesgos u ocultamientos en la presentación de los datos.
Por otro lado, es fundamental la publicidad de la información relacionada con el acceso a los programas sociales. Actualmente, esta información forma parte de las obligaciones de transparencia; sin embargo, es necesario aplicar esquemas de transparencia proactiva que hagan que la información sea visible y de fácil comprensión. La población objetivo de los programas sociales está compuesta, por definición, por personas en condiciones de rezago, por lo que la difusión proactiva de los programas sociales debe considerar brechas digitales, de idioma, de capacidades físicas e incluso de accesibilidad territorial.
En tercer lugar, es necesario promover constantemente el acceso a la información por parte de las personas que podrían ser beneficiarias de los programas sociales, pero que no lo son por desconocimiento. No se trata nada más de que sepan cómo acceder a los apoyos, sino de irnos un paso antes y capacitarlas para que sepan consultar, por ejemplo, qué apoyos existen. Como señala Samuel Bonilla en su modelo de “alfabetización informacional”, el derecho a la información sólo tiene sentido si se traduce en beneficios palpables para las personas. Coincido plenamente.
Finalmente, el acceso a la información también es instrumento para combatir la corrupción en los programas sociales. Dos ejemplos emblemáticos fueron las investigaciones ciudadanas sobre la “Estafa Maestra” –en la que se detectó el desvío ilegal de recursos públicos de diversas instancias, incluida la Cruzada Nacional Contra el Hambre– y de “Seguridad Alimentaria Mexicana” (Segalmex). En ambos casos, las solicitudes de información jugaron un papel fundamental.
En 1999, Amartya Sen revolucionó el enfoque sobre la pobreza al señalar que ésta no es sólo la carencia de recursos económicos, sino que es un fenómeno multidimensional que involucra la insuficiencia de otras banderas del desarrollo humano y de las oportunidades para acceder a ellas. Veinte años después, en 2019, un estudio de la Universidad de Oxford señaló las “dimensiones escondidas” de la pobreza, entre las que se encuentra el maltrato institucional, entendido como el fracaso de las políticas y las instituciones para responder adecuada y respetuosamente a las necesidades y circunstancias de las personas en pobreza, ya sea por acción o por inacción.
La transparencia debe ser vista no sólo como una obligación, sino como una herramienta estratégica para evitar el maltrato institucional hacia las personas en situación de pobreza y para mantener el camino hacia la superación de este lastre histórico de nuestro país.