México enfrenta una coyuntura sin precedente en materia de acceso a la información y protección de datos personales. La posible desaparición del INAI plantea importantes dudas sobre el futuro de los derechos que tutela este organismo. Como institución autónoma, el INAI ha sido garante de la transparencia en nuestro país, permitiendo que cualquier persona, sin importar su posición o afiliación, acceda a la información no sólo en posesión de las instituciones gubernamentales, sino también de partidos políticos y sindicatos. Este amplio acceso ha fortalecido el derecho ciudadano a saber, y representa un mecanismo de rendición de cuentas, esencial para el ejercicio de la democracia.
La transparencia se articula en tres formas fundamentales: activa, reactiva y proactiva. La transparencia activa se refiere a la obligación de las instituciones de publicar información básica, establecida en la ley, sin necesidad de que se les solicite, permitiendo a la ciudadanía acceder a datos clave sin intermediarios; esto se concreta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La transparencia reactiva, por su parte, se manifiesta a través del sistema de solicitudes de acceso a la información –también operado a través de la citada Plataforma–, mediante el cual las y los ciudadanos pueden plantear preguntas directas a los sujetos obligados. Finalmente, la transparencia proactiva fomenta la divulgación de información más allá de las obligaciones de ley, para satisfacer necesidades informativas de la sociedad de manera anticipada.
La propuesta de transferir las funciones del INAI a una instancia del gobierno federal abre un complejo debate sobre las implicaciones para la transparencia. A diferencia del INAI, una entidad centralizada en el Poder Ejecutivo compromete la imparcialidad en las quejas ciudadanas relativas al acceso a la información en poder del gobierno. La autonomía del INAI, garantizada en el artículo sexto constitucional, ha permitido que el acceso a la información pública se mantenga ajeno a los poderes de la Unión, asegurando la imparcialidad en las inconformidades presentadas por la ciudadanía.
Algunas interrogantes que este contexto nos obliga a plantear son, por ejemplo, ¿de qué manera se garantizará la imparcialidad ante los mecanismos de apelación y revisión que hoy permiten a la sociedad obtener respuestas veraces y completas?, ¿las determinaciones que tome, por ejemplo, la futura Secretaría Anticorrupción serán inatacables como lo son hoy, o será necesario instaurar un nuevo procedimiento ante probables inconformidades sobre esas determinaciones?, ¿será entonces el Poder Judicial quien deba tomar las determinaciones finales? Sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿será operada desde el Ejecutivo federal y tendrá los mismos alcances que hoy tiene en todos los poderes y ámbitos de gobierno, tanto en lo que se refiere a las obligaciones de transparencia como a la gestión de solicitudes de información?
Es imperativo que cualquier cambio institucional preserve la imparcialidad en el acceso a la información y la protección de los datos personales de las y los mexicanos. La transparencia no es una concesión del Estado sino un derecho conquistado de la sociedad mexicana. La fragmentación de las funciones en esta materia debe ser examinada con cautela para evitar posibles retrocesos en la progresividad de los derechos humanos.
Este es un momento decisivo que exige reafirmar nuestro compromiso con la democracia. México es reconocido a nivel internacional por contar con uno de los diseños normativos e institucionales de acceso a la información y de protección de datos más robustos del mundo, un logro de muchas mexicanas y mexicanos que no debe ser menoscabado, sino reforzado. Cualquier reforma debe enfocarse por tanto en su fortalecimiento para asegurar que los principios de autonomía e imparcialidad sigan siendo el principal estandarte en la tutela de estos derechos humanos.