El precio del petróleo ha alcanzado los 100 dólares por barril. El galón de gasolina en Estados Unidos supera los 4 dólares, nivel que no se había observado en la última década, y ello amenaza la trayectoria de inflación proyectada para Estados Unidos y para México.
El precio de las gasolinas en México se calcula sobre la base de los precios internacionales, a los que se adiciona el impuesto especial al consumo de gasolinas (IEPS), el IVA, así como un margen que incluye el costo del transporte y la utilidad de las estaciones. Si bien es cierto que el precio de las gasolinas ha aumentado de manera importante, el gobierno está invirtiendo una cantidad relevante de recursos para limitar el impacto del aumento en los precios de los combustibles en los consumidores.
Aunado al incremento en los energéticos, los precios de los alimentos, de acuerdo a la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), han avanzado en términos de dólares a un ritmo de doble dígito –20 por ciento al mes de febrero–, principalmente por el efecto del encarecimiento del maíz y el trigo. El índice de los precios de los alimentos ha alcanzado máximos históricos, y se espera que mantenga la trayectoria ascendente el resto del año. No será sino hasta el 2023 que comenzarán a descender.
Estos efectos representan un nuevo choque para la trayectoria de la inflación, aunque de momento los precios de los energéticos han sido contenidos por los subsidios del gobierno. Sin embargo, si la administración decidiera dejar de otorgar apoyos a los combustibles, no es descartable presenciar una inflación que alcance y supere el 8.0 por ciento. Esto considerando que el efecto de un “gasolinazo” puede contribuir con un punto porcentual a la inflación de manera directa, y medio punto adicional por los efectos indirectos sobre los costos de transporte. Es irremediable pensar que el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza, y el del crecimiento a la baja.
De momento, los subsidios a las gasolinas por la suspensión en el cobro del IEPS suman más de 10 mil millones de dólares anuales, lo que representa el 1.0 por ciento del PIB. Adicionalmente, se está otorgando un crédito fiscal que sumará un punto adicional del PIB. Si bien es cierto que el gobierno recibe mayores ingresos por el petróleo que exporta, el país en su conjunto es un importador neto por la compra de combustibles en el exterior. Durante el 2021 el déficit de la balanza petrolera ascendió a 24 mil 926 millones de dólares. Si continúan las presiones en los energéticos, el gobierno tendrá que seguir utilizando el excedente de los ingresos petroleros para cumplir con la promesa de no elevar los precios de las gasolinas más allá de la inflación.
Si a esto se agregan las presiones de gasto que va a enfrentar el gobierno en el futuro inmediato, probablemente observaríamos un desequilibrio fiscal. En este escenario de inflación y de fragilidad en las finanzas públicas, se generarían presiones devaluatorias adicionales sobre el tipo de cambio. Más aun considerando que se ha iniciado un ciclo restrictivo por parte de la Reserva Federal, lo que contribuirá al fortalecimiento del dólar. El escenario central es que el tipo de cambio se deprecie durante el transcurso del año en al menos un peso, ello sin descartar la posibilidad de presentar renovados periodos de volatilidad.
Por ello, el actuar del Banco de México tendrá que ser más agresivo, inclusive de lo que está previendo el mercado. Banxico debería de aumentar en 50 puntos base la tasa de referencia en la próxima reunión de política monetaria y, en ese sentido, es posible que para finales del año las tasas de corto plazo se ubiquen por encima del 8.0 por ciento. Si Banxico quiere mitigar los impactos inflacionarios y evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio tiene que actuar a paso firme. En ese sentido, la presente administración podría tolerar más fácilmente una política monetaria mayormente restrictiva, facilitando la conducción hacia el logro del objetivo del banco central, de estabilidad de precios.