En las últimas semanas han crecido las preocupaciones entre diversos agentes del mercado, desde analistas, inversionistas y calificadoras sobre el futuro de las finanzas públicas más allá del 2024. Es cierto que esta administración hasta el 2023, se había caracterizado por un manejo del gasto que había sido calificado como prudente, manteniendo casi en equilibrio el balance primario. Cuando se anunció el paquete económico para este año, muchos levantaron la ceja, pues incurre en el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años. Se ha explicado de dónde proviene el mayor endeudamiento y, al margen de las posibles justificaciones, las recientes preocupaciones no emanan del ejercicio del 2024, sino lo que se espera del 2025 y hacia adelante.
Los Pre-Criterios presentados por la SHCP que esbozan los primeros trazos del siguiente año, señalan una consolidación del gasto, que parece ser el punto de dolor del mercado. De acuerdo con Hacienda, el déficit público este año ascenderá 5 por ciento del PIB y disminuirá a 2.5 por ciento en el siguiente año. Para lograr dicho déficit en el 2025, se plantea un recorte del gasto de 2.8 puntos porcentuales del PIB. Integrantes de la dependencia del gobierno, han señalado que el menor gasto provendrá de las menores inversiones. Veamos, para conseguir dicho déficit y lograr la consolidación fiscal, podría lograrse por dos vías: mayores ingresos o menores gastos. ¿Difícil, no?
Por el lado de los ingresos, el panorama se antoja complicado, no solo porque no se habla de una reforma fiscal que aumente impuestos, siendo que éstos representan el 64 por ciento de los ingresos públicos. Dos de cada tres pesos de los ingresos del gobierno provienen de impuestos. Si bien es cierto que esta administración ha logrado aumentar los ingresos tributarios en 1.5 puntos porcentuales adicionales del PIB, es difícil seguir aumentando la recaudación vía los grandes contribuyentes. Sin embargo, al margen de una negativa inicial de reforma fiscal, es una necesidad imperiosa aumentar los ingresos públicos, ya que estamos muy lejos de alcanzar los niveles promedios de la OCDE, que se sitúan en 34 por ciento. Eventualmente, algo se tendrá que implementar en esa materia.
Por el lado de los gastos, la situación es más apretada aún. Para empezar, vale la pena señalar que casi ningún año se ha logrado disminuir el gasto en un primer año de gobierno, solamente en aquellos que se redujo el gasto operativo por la venta de activos, o menor costo financiero. De acuerdo con las cifras del cierre del 2023, los servicios personales (burocracia) representaron el 4.8 por ciento del PIB (19 por ciento del total del gasto) y a pesar de los topes en los salarios, solo han disminuido 0.2 puntos porcentuales desde que inició este gobierno. El siguiente rubro, que es más preocupante, es el de pensiones y jubilaciones, que además de que muestra una tendencia franca de alza, representa el 4.1 por ciento del PIB (16 por ciento del gasto total). Los programas sociales, contenidos en el rubro de subsidios y transferencias, son el 3.7 y 14 por ciento del PIB y del gasto total respectivamente, y también van en ascenso. La inversión física y el gasto de capital suman el 3.6 por ciento (PIB) y el 14 por ciento del gasto total. Todos estos rubros suman el 64 por ciento del gasto. Y si añadimos el costo financiero asciende al 75 por ciento del gasto. El costo financiero, que por cierto es de los más elevados entre la muestra de emergentes, no disminuirá en el 2025; las pensiones y jubilaciones, las transferencias y la burocracia, no tienen por dónde disminuir, sino todo lo contrario. ¿La inversión? Esa puede representar un área de oportunidad pero debemos considerar que las obras, aunque podrían está concluidas, necesitarán subsidios, por lo que los ahorros serían marginales.
¿Entonces? ¿Cómo se logrará la consolidación fiscal? Estos números comienzan a levantar ciertas inquietudes, por lo que debemos estar vigilantes, ya que esta materia puede cambiar de manera considerable el panorama macroeconómico en los siguientes años.