El día de ayer, en la ciudad de Oaxaca, se llevó a cabo el tercer foro sobre la reforma al sistema nacional de justicia, con el tema ‘Mujeres y Justicia’.
En este foro tuve el honor de participar con grandes mujeres que han luchado por una igualdad sustantiva de género. Activistas, académicas, expertas y altas funcionarias públicas nos hicieron ver que hemos logrado avances, pero falta mucho por hacer.
Por mi parte, expuse los logros obtenidos en materia de igualdad de género durante la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal de 2019 a 2023; logros que implicaron, entre otros éxitos, el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, en la categoría de políticas públicas.
Esto es, México fue el primer lugar en América por avanzar hacia una igualdad sustantiva de género que empoderara a las mujeres en la Judicatura Federal. En solo cuatro años avanzamos de un 23 por ciento a un 40 por ciento de juezas de distrito (más del 50 por ciento desde 1995) y de 18 por ciento a un 24por ciento de magistradas.
Además de una victoria para la igualdad, ello constituye un paso hacia la democratización de la justicia, la inclusión de todas las voces en los asuntos públicos y el combate a la violencia contra las mujeres y niñas en nuestro país.
No obstante, hace una semana rindieron protesta 68 personas vencedoras de concursos para altos cargos en la Judicatura Federal. Los resultados fueron: seis jueces (hombres), 52 magistrados (hombres) y solamente 10 magistradas. Así, nos volvimos a alejar de la paridad de género en la Judicatura Federal.
Estos resultados se deben a los concursos mixtos convocados a mediados del año pasado. Mixtos, no paritarios. Esto es, para cumplir el mandato constitucional de paridad, si tienes 10 plazas vacantes debes hacer concursos exclusivos para mujeres (para acercarte a las cifras de hombres); o bien, concursas cinco plazas para mujeres y cinco para hombres. No haces concursos mixtos que históricamente han demostrado favorecer a los hombres; ello, no por capacidad de quienes concursan, sino por brechas estructurales.
Desafortunadamente, la regresión en paridad no es un evento aislado en perjuicio de la igualdad de género en la administración actual del Poder Judicial Federal:
Se eliminó la Unidad General de Igualdad de Género de la Corte, la cual había sido creada por compromisos internacionales. Sus funciones se debilitaron y relegaron a una simple dirección de cuatro personas y sin presupuesto propio.
Se prohibió, por regla general, el teletrabajo para titulares de órganos jurisdiccionales. Esto afecta principalmente a juezas y magistradas, quienes generalmente realizan labores de cuidados en sus hogares; desalienta a las mujeres en su búsqueda de cargos con mayor responsabilidad, e impacta negativamente en la brecha salarial entre hombres y mujeres.
También se eliminó la obligatoriedad de los cursos de capacitación en materia de género, que se habían exigido para todos los cargos jurisdiccionales y como requisito indispensable para que las personas de nuevo ingreso pudieran ascender dentro de la carrera judicial.
Se eliminó el lenguaje incluyente en el acuerdo sobre licencias de paternidad, y no se permiten las sustituciones de quienes ejerzan dichas licencias, lo que desincentiva que los nuevos progenitores se ausenten para realizar labores de crianza.
Estas políticas se implementaron en la administración anterior, con un presupuesto menor al actual, por lo que no se trata de un tema de dinero. Cuando existe convicción se logran resultados. La agenda de igualdad de género debe apartarse de desencuentros políticos.
Tener a la primera ministra presidenta no significa que se haya superado la desigualdad. Los avances logrados se deben continuar y fortalecer, no debilitar. Es tiempo de mujeres y necesitamos buscar un punto de encuentro que permita enderezar filas y lograr que, si una va al frente, sea —siempre—, de la mano de todas.