El pasado 18 de febrero, miles de personas se movilizaron en una ‘marea rosa’ en la CDMX y en otras ciudades del país, para exigir elecciones limpias y respeto a las instituciones democráticas.
La llamada ‘marcha por la democracia’ fue mayoritariamente ciudadana, pero también contó con la presencia de varios políticos y líderes de la oposición. A pesar de que los organizadores insistieron en que se trató de una movilización apartidista, a tan solo dos semanas del inicio de las campañas y a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, la marcha se convirtió en un grito amplificado de oposición al presidente López Obrador, lo cual demuestra su contenido electoral. Entre sus consignas figuraron el descontento por la eliminación del Instituto Nacional Electoral (INE) y la desaparición de los órganos constitucionales autónomos.
Ahora bien, el concepto ‘democracia’ admite diversas acepciones que se reflejan en múltiples teorías democráticas: la liberal, la deliberativa, el pluralismo radical, entre otras.
No obstante, en términos generales, podemos afirmar que la democracia es una forma de gobierno que reconoce la soberanía popular con base en el voto —universal, libre y secreto— de las y los ciudadanos para elegir a quienes los representarán en las funciones de gobierno.
Sin duda no se puede hablar de democracia sin un Estado de derecho en el que se respeten y garanticen las libertades individuales y colectivas; la división de poderes; los derechos humanos; y la representación de las minorías.
En específico, para la democracia participativa, el rol de la ciudadanía se extiende más allá de las elecciones y requiere una responsabilidad colectiva. Para ello se debe fomentar la intervención democrática en las decisiones públicas, reformando a las instituciones (Zittel, 2007) para permitir mayor incidencia ciudadana, tal y como lo propone en sus iniciativas el presidente López Obrador, según ejemplifico más adelante. Además, en la democracia participativa, las y los ciudadanos exigen sus demandas justo en marchas y protestas multitudinarias.
Así, en franca participación ciudadana, tal y como lo afirmó Lorenzo Córdova como orador de la concentración rosa, la simple existencia de una marcha como ésta es sintomático de que vivimos en un momento profundamente democrático, lo cual no hubiera sido posible en regímenes pasados; o cuando menos, no se hubiera logrado de manera pacífica.
Otra cuestión digna de celebración es que ahora todas las clases sociales y estratos económicos hacen uso de la protesta como recurso democrático. Tradicionalmente, salir a marchar era de quien no era escuchado de otra manera y de quien se encontraba en situación de desventaja, de vulnerabilidad o de persecución política. Hoy, las calles son de todas y de todos; y, con eso, México ya ganó.
Además de celebrar la marcha por la democracia como ejercicio de las y los ciudadanos, me parece conveniente y responsable llamar la atención para que se juzgue el paquete de iniciativas de reformas presentadas por López Obrador, precisamente como propuestas. Esto es, no son textos vigentes y vinculantes que aplicarán a las próximas elecciones presidenciales. Dichas iniciativas ameritan un análisis detallado en cuanto a su objetivo y alcances, más allá de lo que se dice de ellas en el contexto electoral actual.
Tal y como adelanté, para sorpresa de muchos, uno de los ejes torales de las iniciativas presidenciales se centra en promover que la ciudadanía tenga mayor injerencia en la toma de decisiones políticas del país; por ejemplo, eligiendo a funcionarios de alta responsabilidad de entre un grupo de candidatos propuestos por los tres poderes del Estado —y no solamente por el Legislativo o Ejecutivo—, lo cual fortalece el carácter participativo de nuestra democracia y ofrece un punto de encuentro con la demanda de la ciudadanía.