La deuda histórica con las mujeres y las niñas se saldará hasta lograr una justicia igualitaria. Esto es parte de lo que buscan los movimientos feministas.
Si analizamos sus demandas y estrategias, veremos que las luchas feministas buscan, adicionalmente, desmantelar estructuras opresivas de todas las personas en situación de desventaja; y, pugnan por un bienestar social. Esto es, a lo largo de la historia hemos comprobado que los logros feministas no solamente benefician a las mujeres sino a la sociedad entera. Un aspecto de estos beneficios es, sin duda, el económico.
El Banco Mundial señaló, desde 2003, que las políticas de desarrollo que desatiendan las disparidades entre hombres y mujeres tendrán una efectividad limitada y graves repercusiones financieras. Esto se robustece con el informe de McKinsey & Company publicado en 2015, que señala que el Producto Interno Bruto mundial aumentaría en 12 trillones de dólares si las mujeres pudieran participar en el mercado laboral convencional, en igualdad de condiciones que los hombres.
De esta manera es irrefutable que el crecimiento económico de un país pasa por tener políticas que atiendan las causas de la desigualdad estructural e incentiven la participación laboral de las mujeres.
En nuestro país, un diagnóstico básico refleja que las labores domésticas y de cuidados no remuneradas recaen desproporcionadamente en las mujeres, lo que obstaculiza su acceso y ritmo de ascenso en el mercado laboral convencional (Criado Pérez, 2019). Además, según la nobel en economía Claudia Goldin, esto fortalece el presentismo laboral de los hombres y abre la brecha salarial en perjuicio de las mujeres.
Por ello, en México necesitamos políticas de conciliación de la vida laboral y familiar que, por un lado, abran el mercado laboral a las mujeres y, por el otro, que permitan e impulsen un mayor y mejor involucramiento de los hombres en las tareas de cuidados no remuneradas. Licencias de paternidad; centros de desarrollo infantil adecuados con horarios extendidos; sistemas de cuidados; disminución de la jornada laboral, son algunas medidas que permitirían lograr ambas metas.
Otro dato relevante para impulsar la igualdad de género en el mercado laboral es que las mujeres con mejores ingresos económicos, son menos propensas a sufrir violencia en el ámbito familiar. Esto ayudaría a despresurizar los sistemas de protección estatales y permitiría destinar menos recursos públicos a la atención de la violencia intrafamiliar.
Ahora bien, por lo que hace al Estado y al correcto ejercicio del presupuesto, es fundamental implementar la perspectiva de género como eje transversal de todas las políticas públicas.
Por ejemplo, está documentado que los países ahorran presupuesto cuando cuentan con políticas públicas preventivas en materia de salud para mujeres y niñas. Les resulta más barato brindar rehabilitaciones físicas a las mujeres después de un embarazo, para que fortalezcan espalda baja y piso pélvico, que atender problemas de movilidad en las adultas mayores. Lo mismo sucede con detecciones oportunas de cáncer mamario, ya que implican tratamientos más rápidos y menos onerosos que aquellos que se descubren en etapas más tardías.
Otro caso de políticas públicas con perspectiva de género que generan mejor ejercicio del presupuesto es el documentado en países africanos con la creación de sanitarios públicos en zonas rurales. Con estos espacios las mujeres sufren menos violencia sexual, tienen mejor higiene y menos infecciones, que de otra forma tendrían que ser atendidas por el sector salud, con dinero público.
De lo anterior es indispensable reconocer que, además de luchar por una justicia igualitaria, los feminismos traen consigo logros de distinta índole, incluso en lo económico. Apostarle a la igualdad no es un capricho ni un riesgo, es un punto de encuentro para todas y todos; y, además, una inversión redituable.