El día de ayer, Sheinbaum decidió marcar el inicio de su mandato con un acuerdo mediante el cual reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de Estado. Literalmente, el primer acto jurídico de la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos señala que la masacre perpetrada en la Plaza de Tlatelolco fue fría y cruelmente concebida, ejecutada y encubierta al más alto nivel del gobierno federal, tal y como fue reconocido por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
En el acuerdo se explica que este negro episodio de nuestra historia formó parte de una política violenta, represiva y contrainsurgente del régimen autoritario de entre 1960 y 1980, contra disidencias políticas y sociales, comunidades indígenas, juveniles, diversidades sexogenéricas, entre otras. Esto, para después ordenar una disculpa pública a las víctimas, familiares y a la sociedad mexicana en su conjunto; y, culminar, con un compromiso de no repetición.
Los mensajes y compromisos políticos y constitucionales derivados del primer acuerdo presidencial no son menores: con ello se recuerda que el 2 de octubre no se olvida, pero, sobre todo y por primera vez, se asume que el Estado mexicano ideó y ejecutó la matanza estudiantil como actos de brutal represión para movimientos adversos al gobierno. Este reconocimiento no solo es fundamental para la justicia histórica y la memoria colectiva de México; no solo es el punto de salida esencial para honrar las luchas y movimientos a favor de la libertad; es, ante todo, un sello de gobierno, máxime en un contexto en el que la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional ya es una realidad en nuestro país.
Por supuesto, tener una política de verdad y justicia que rompa el silencio y honre el legado de quienes lucharon por la democracia en México es a todas luces positiva y conveniente. Sin embargo, el compromiso de la Presidenta va mucho más allá del 2 de octubre.
Bajo su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, asumió el compromiso solemne para que sus estructuras y elementos nunca más sean utilizados para atacar o reprimir al pueblo de México. Además, esto lo reconoció en su primera mañanera en la que la cuestionaron sobre la polarización social, para lo que respondió que es imposible que todos pensemos igual, pero que en su gobierno habrá respeto para las diferencias y protección para defender las libertades.
México tiene una deuda histórica con el movimiento estudiantil y este acuerdo es un paso hacia la reparación simbólica. La disculpa pública, enfatizando la gravedad de la represión sufrida y la inefable responsabilidad estatal, tal como lo dijo la presidenta: “engrandece a los pueblos [...] y pone un alto y dice, nunca más”. Y ese nunca más, es hoy, es ahora.
Pienso que este acto dibuja a una estadista y a un gobierno de legalidad y justicia. Este primer acto como presidenta constitucional abonará a la reconstrucción social y política de las y los mexicanos. Ahora todas y todos estamos cobijados bajo un compromiso constitucional de legalidad, de Estado de derecho y de justicia. Con ello se proyecta, además, una imagen internacional de un México comprometido con los derechos humanos y las libertades.
El movimiento del 68 fue una chispa en la lucha por la democratización y la resistencia en México. Ofrecer disculpas en nombre y representación del Estado mexicano por los crímenes ocurridos, y hacer un compromiso como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de no repetición, permite elevar este gesto simbólico como estandarte de un gobierno de respeto y protección de las libertades, los derechos y la justicia. Este primer acto de la presidenta Sheinbaum constituye un punto de encuentro en el que todas y todos tenemos cabida, si bien, con diferencia de opiniones, visiones y necesidades, estamos amparados por una garantía de “nunca más” cobijar a un Estado autoritario.