El régimen de Nicolás Maduro ha incurrido en violaciones sistemáticas a los derechos humanos: represión, persecución política, tortura y un colapso institucional que ha provocado el desplazamiento forzado de más de ocho millones de personas.
Estos hechos motivaron, en 2021, la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, por graves que sean, no legitiman automáticamente una intervención externa ni la ruptura de las normas internacionales.
El derecho internacional público se sustenta en el principio de igualdad soberana de los Estados: ninguno puede imponerse sobre otro ni intervenir en sus asuntos internos. Este principio se articula con la no intervención y el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos.
Cuando las potencias desconocen o relativizan estos límites, no solo afectan al Estado intervenido, sino que erosionan el entramado jurídico que dicen proteger.
El problema central es la inexistencia de un mecanismo eficaz para sancionar a Estados Unidos. Al no ser parte del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción.
Así, cualquier intervención resulta ilegal y, en los hechos, impune, quedando únicamente la condena política y diplomática. Se revela entonces una contradicción evidente: no es posible argumentar la defensa de principios que al mismo tiempo se violan ilegal y deliberadamente.
América Latina, dada su historia de intervenciones selectivas, observa este escenario con cautela. No obstante, la lógica actual parece responder menos a intereses regionales y más a una ambición geopolítica de carácter económico.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su producción ha caído por la complejidad en la extracción del crudo pesado que atesora. Estados Unidos, por su parte, ha incrementado significativamente su dependencia de este tipo de petróleo y, para su difícil obtención, cuenta con refinerías especializadas en Texas y Luisiana.
También, el control de la extracción venezolana le da poder sobre China —principal comprador del país intervenido—, y lo posiciona estratégicamente frente a Rusia —quien también tiene reservas de crudo pesado—.
Todo ello sin omitir las vastas reservas de gas natural del país sudamericano que constituyen una riqueza considerable.
Con esto, las repercusiones en el mercado petrolero serían previsiblemente graduales y de largo plazo. No se trata de una conspiración, sino de una racionalidad económica: Venezuela representa un botín energético excepcional y sin comparación en la región latinoamericana.
No obstante, México tiene una posición particular que no está exenta de riesgo. En la denuncia presentada por el Departamento de Justicia estadounidense contra Maduro, nuestro país aparece mencionado como parte del entramado del narcotráfico transnacional, no como Estado acusado, sino como territorio vinculado a organizaciones criminales explícitamente identificadas.
Esta inclusión no es menor y condiciona el margen político y diplomático mexicano.
De ahí la incomodidad que enfrenta Sheinbaum: debe condenar una intervención contraria al derecho internacional, sin ignorar que México figura en la narrativa jurídica que Estados Unidos utiliza para justificar su actuación extraterritorial.
Por ello, las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobraron y acrecentaron la complejidad: en una democracia, la política exterior compete exclusivamente a la jefatura del Estado en funciones y no a herencias que debilitan la voz institucional del país.
El derecho internacional, como punto de encuentro, puede subsistir si se aplica como límite común y no como herramienta flexible del poder. Renunciar a esa coherencia es aceptar un orden en el que la fuerza sustituye a la ley, en el que los dictadores son condenables y los “salvadores” ajenos a juicio alguno.