Para describir la política migratoria de Estados Unidos hay que acudir a la ficción. Como el popular personaje creado por Roberto Gómez Bolaños (interpretado graciosamente por Florinda Meza), cada día son más ridículos: nada les sale bien por hacerlo a medias y con descuido, quieren resolver las cosas a golpes y portazos, sueñan imposibles, hablan enredado para no reconocer la realidad (“así como digo una cosa digo otra”).
Desde la última reforma migratoria (1986) se estableció un sistema muy restrictivo que, sin embargo, no evitó que haya 13 millones de personas indocumentadas. Tanto republicanos como demócratas han preferido culpar al otro en lugar de buscar una solución común. Cuando alguien propone algo sensato lo ignoran o lo bloquean.
Por ejemplo, el presidente Barack Obama impulsó el programa Dreamers para autorizar a estudiar y trabajar sin miedo a la deportación a los que llegaron en la infancia. Era una solución provisional, ya que sabía que los tribunales lo iban a invalidar. El Congreso pudo cambiar entonces unos cuantos artículos en las leyes de población para establecer un camino hacia la ciudadanía, pero en más de 10 años no lo ha hecho.
Tampoco se ha interesado en componer el proceso para admitir a refugiados. Desde 2015 han huido de Venezuela siete millones. Sin mucho ruido, Colombia tiene a 2 millones en su territorio y de alguna forma los está integrando a su economía.
Los miles de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que cada día se presentan en la frontera de Tijuana o Ciudad Juárez son interrogados por miembros de la Patrulla Fronteriza. Si a su criterio establecen que efectivamente corren peligro en su país, los pasan a una entrevista con el Servicio Migratorio. Si ellos encuentran mérito en su petición los mandan a una corte de migración. La mayoría son deportados de inmediato.
Los que consiguen una cita judicial tendrán que esperar por meses, sin tener derecho a trabajar. Cuando finalmente se les dé la razón, deberán conseguir a alguien en la Unión Americana que se responsabilice de su sustento. Es difícil porque las organizaciones sociales ya están respaldando a más de 100 mil ucranianos.
De lograrlo, podrán entrar a un sorteo para ser uno de los 25 mil que se van a permitir el año próximo. Por eso muchos no se presentan a su audiencia y son deportados “en ausencia”.
Como lo documentó recientemente la periodista Peniley Ramírez, es una política asesina, que los obliga a cruzar por el desierto de Arizona. Una trampa mortal que, en lo que va del año, ya cobró la vida de 856 personas.
Help wanted
Lo absurdo del asunto es que esa nación muestra niveles históricamente bajos de desempleo y de participación en la fuerza de trabajo. Si se le diera un puesto vacante a cada solicitante de empleo sobrarían seis millones de plazas. Están padeciendo ¡por falta de trabajadores!
Como consecuencia, los sueldos se han elevado por arriba del aumento de la productividad. Como la inflación no cede, se van para arriba las tasas de interés y se frena la economía.
Aun así, para conseguir un permiso de trabajo (visas H2-A y H2-B para empleos agrícolas o no agrícolas, respectivamente) el patrón tiene que probarle al Departamento de Trabajo federal y a la Agencia Laboral estatal que intentó reclutar a americanos, incluso a exempleados.
Ya con el certificado hace la solicitud al Servicio de Inmigración y puede participar en una lotería para seleccionar al número de permisos aprobado para el año. Obviamente sólo las empresas grandes, que cuentan con un departamento legal, pueden emprender esa aventura burocrática.
Algo similar sucede con los trabajadores altamente calificados (visas H1-B) y los trabajadores temporales no agrícolas (visas H2-B). De las primeras hubo 300 mil solicitudes el año pasado, pero están limitadas a 85 mil desde 2006. Las segundas se van a duplicar el año próximo y seguirán faltando, sobre todo para posiciones en el sector turismo.
En el marco del T-MEC, profesionistas mexicanos y canadienses pueden tener acceso a una visa (TN) hasta por tres años. El pequeño detalle es que se están tardando hasta 36 meses en procesarlas.
Lo trágico es que esto no se va a arreglar pronto porque los políticos son insensibles al sufrimiento de la gente. Están más preocupados por denigrar a sus contrincantes para ganar las elecciones. Esa es la verdad verdadera. Para que te digo que no, si sí.