El Congreso de Estados Unidos tiene facultades para regular los ingresos y egresos del gobierno. Sus dos cámaras deben ponerse de acuerdo para aprobar variaciones en los impuestos y en los gastos. Ambas tienen capacidad para llamar a comparecer a los funcionarios y para supervisar que no haya corrupción o ineficiencia.
Cada cámara tiene alrededor de 20 comités, cada uno con un promedio de 10 subcomités. El partido con mayoría tiene el derecho de nombrar al presidente de la cámara y a los titulares de esos comités y subcomités. El partido en minoría designa en cada caso a un copresidente.
Además de los comités permanentes, hay los selectos, que no suelen ser más de seis ni durar muchas legislaturas. Funcionan también los grupos de estudio y los caucus, que agrupan a legisladores negros, hispanos, sindicalistas, etcétera.
Cada febrero, por medio de la Oficina de Administración y Presupuesto, el presidente envía al Congreso sus propuestas de gasto, señalando sus prioridades. El Comité de Presupuesto de la Cámara baja las considera o las ignora al preparar el presupuesto y establece límites generales de gasto. El Comité de Asignaciones determina después el nivel de gasto de cada programa.
En estos trabajos tiene singular protagonismo la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un órgano profesional e imparcial que, sin hacer juicios de valor o dar recomendaciones, examina cada proyecto de gasto y calcula su costo a 10 años.
En el pleno se desahogan las etapas de autorización y apropiación. En la primera se aprueban los objetivos y las reglas de operación de cada programa. En la segunda, la cantidad que se gastará en el año. Por último, se trabaja en conferencia con el Senado, ya que se requiere la aprobación de ambas cámaras antes del primero de octubre, cuando inicia el año fiscal.
AQUELARRE
Ese proceso se facilita cuando el partido en el gobierno detenta el control de una o las dos cámaras. Hoy los demócratas tienen una frágil ventaja en el Senado y enfrentan una mayoría republicana agresiva en la Casa de Representantes.
En la legislatura que está empezando, la empoderada fracción conservadora de los republicanos, la Junta de la Libertad (que agrupa a 53 de los 222 de ese partido) condicionó la elección del presidente de la Cámara baja a que éste aceptara cambiar las reglas para aprobar los ingresos y egresos del gobierno.
Ahora se requerirá una mayoría de tres quintos para incrementar los impuestos, se votarán separadamente los 12 rubros del presupuesto y sólo se autorizará un aumento en el tope de endeudamiento si hay fuertes recortes en el gasto.
Después de 15 votaciones, Kevin McCarthy tuvo que aceptar que un solo miembro pueda introducir una moción para remplazarlo. También, que se formara un comité selecto para investigar la politización del gobierno federal, ya que sostienen que el Departamento de Justicia y el FBI persiguen facciosamente a Donald Trump. Adicionalmente, buscan llevar a juicio político al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por la crisis migratoria en la frontera.
Parecería que una tormenta perfecta acecha a la administración de Joe Biden. En realidad, aunque habrá mucho movimiento, es poco lo que los republicanos pueden hacer.
La mayoría de la población piensa que el gobierno federal gasta en exceso y es culpable del aumento de la inflación. Sin embargo, el recorte de 10-20% que proponen los republicanos es inviable.
De Ronald Reagan para acá, los presidentes de ese partido han prometido reducir el gasto y no han cumplido, porque la parte discrecional del presupuesto (lo que no son los programas sociales, las pensiones y los intereses de la deuda) es de sólo 30 por ciento y porque son reacios a reducir los fondos al Pentágono. Sobre todo, porque es tremendamente impopular limitar los servicios públicos. Por eso, han optado por reducir los impuestos y dejar que el déficit fiscal se siga acumulando.
Lo mismo sucede con el endeudamiento. Tienen un buen argumento para limitarlo, pues anda en los 31 billones de dólares y representa 130 por ciento del PIB. Sin embargo, si hacen caer al gobierno en mora, tirarán la calificación de los bonos del Tesoro. A medio año, con la economía en recesión, nadie les perdonaría que causaran un problema mayor.
El radicalismo puede generar episodios impactantes, pero a mediano plazo va a alejar a los moderados y a los independientes.