Después de las elecciones del 6 de junio, luego de la borrachera electoral, viene la cruda realidad para la gente que a diario busca cómo salir adelante y en esta tarea, el apoyo del gobierno se ha quedado muy corto en cuanto a brindar los apoyos básicos en materia de alimentos, medicamentos, servicios médicos, fuentes de trabajo, además del acceso a la educación gratuita presencial y a los programas asistenciales que rompan el círculo vicioso de la pobreza, por un círculo virtuoso de la producción.
En los dos primeros años de gobierno del presidente López Obrador, se acabaron los fondos para enfrentar contingencias y el dinero de los fideicomisos, al tiempo de caerse los niveles de ingresos del gobierno en virtud de la baja de los precios del petróleo y de la recaudación fiscal.
En este año, con la elección en el camino, se gastaron carretadas de dinero en compra de votos y para fortalecer los programas asistenciales de AMLO, que son más de tinte electoral que enfocados en rescatar de la marginación y la pobreza a más de 60 por ciento de la población; y de seguir el dispendio de recursos públicos en tres obras que, está más que demostrado, no van a incidir en el desarrollo de México y sus habitantes. Nos referimos al aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
En resumen, el gobierno no tiene los recursos presupuestales suficientes para siquiera terminar con el criminal desabasto de medicamentos, menos en apoyar a la clase trabajadora y las Mipymes para sortear la crisis derivada de la pandemia por el Covid-19 y por las malas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo federal.
El relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público responde más a preparar la reforma fiscal para el próximo año que le otorgue más ingresos a las arcas del gobierno, que en emprender un ejercicio responsable del gasto que evite contratar más deuda.
Para el próximo año vienen más impuestos y alzas en las tasas tributarias que, sin duda, afectarán los ingresos de los causantes cautivos.
El relevo anticipado de Arturo Herrera es precisamente para dar paso a un hombre de todas las confianzas del presidente, Rogelio Ramírez de la O, para, primero, preparar el Paquete Económico del próximo año y después aceitar la nueva reforma fiscal que le garantice al presidente seguir fondeando los programas político-asistenciales y las tres obras ya referidas.
El gobierno de AMLO ha pedido 3 mil 855 millones de dólares en préstamos al Banco Mundial, cifra muy superior respecto a los 2 mil 331 millones de dólares que solicitó el gobierno de Peña Nieto durante todo su sexenio, según datos del propio Banco Mundial.
Este gobierno está endeudando a las próximas generaciones, y ello en aras de sacar programas e infraestructura que no representan ningún beneficio de fondo para el pueblo.
Regalar dinero de los contribuyentes a la gente que en apariencia lo necesita, no remedia la pobreza en la que viven, ni tampoco apostar a seguir quemando combustibles fósiles, cuando el mundo camina a velocidad acelerada rumbo a las energías limpias.
El gobierno está en quiebra y eso lo sabe, desde luego, el presidente. Por ello le urge que su nuevo titular de la SHCP le entregue un Paquete Económico y una reforma fiscal que le permita tener los fondos para llegar a la revocación de mandato, fortalecido y por supuesto a la elección de 2024. Empero, al paso que lleva no tendrá dinero para pagar el servicio de la deuda, las pensiones, el gasto corriente, los programas sociales y el rescate a Pemex, además de que sería una pena para él que se quedaran a la mitad sus obras consideradas desde ahora como elefantes blancos.