Todos los funcionarios de la 4T así como sus subalternos tienen la instrucción de participar activamente este próximo 1 de agosto en la consulta popular para juzgar a actores políticos, y no solo acudiendo a la casilla respectiva para votar, sino llevando al mayor número de personas para el mismo efecto.
Es un delito que en horarios de oficina un servidor público se dedique a realizar labores partidistas y quien diga que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes no tiene este tinte, pues está en un grave error.
El interés del mismo presidente en los resultados de la consulta es de sobra conocido y no solo por sus efectos vinculantes sino para palpar el poder de convocatoria a nivel nacional.
Desde ahora se puede asegurar que no acudirán más de 37 millones de personas para manifestarse en favor de que sean juzgados “actores políticos del pasado”, aunque lo relevante será el año que viene con la renovación de mandato del propio presidente.
Está visto, por ejemplo, que en la CDMX ese arrastre popular que tenía AMLO se ha perdido y ello se podrá ratificar o no, este próximo 1 de agosto.
Como están las cosas en la capital del país, en donde ni siquiera los alcaldes de oposición que ganaron se han podido reunir con los alcaldes salientes para dar paso a la transición, pues ya se imaginará, estimado lector, cómo está el ánimo de esos capitalinos que votaron por los candidatos del PAN, PRI y PRD, en torno a la actitud de Morena y de Claudia Sheinbaum.
La participación de la ciudadanía en la consulta popular también permitirá dar luz a ese nuevo activismo de la sociedad que el próximo año se verá reflejado en la revocación de mandato.
El derroche de recursos económicos y humanos en torno a la consulta popular que, en un primer momento era para enjuiciar a los expresidentes, pero que al final la SCJN replanteó la pregunta y con ello, hasta el presidente López Obrador cae en la misma consulta, ya que sus decisiones tomadas en 2019 y 2020 afectaron para mal la vida de millones de mexicanos y por ello el alcance de la pregunta tendría que ser vinculante para él también, en caso de que se alcancen los 37 millones de participantes.
Mucho dinero, demasiada movilización para nada. Si esto es ahora, no quiero imaginar lo que harán el próximo año para buscar que, a través de la revocación de mandato, continúe en el poder AMLO y si esta fórmula resulta, pues se seguirán de corrido, tal como lo hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes no solo se mantuvieron en el poder para el periodo en que fueron elegidos, sino que brincaron el límite de tiempo, señalado en la Constitución.
La intención de la revocación de mandato en México responde a la misma lógica de los tiranos venezolanos, ya que con ella se podrá ampliar el encargo del presidente más allá de 2024.
Como se observa en esta consulta popular del 1 de agosto, no solo está en juego la democracia participativa, como así le llama la 4T, sino la propia permanencia del presidente en su cargo.
La desesperación y las alertas rojas prendidas en Palacio Nacional provocan que ni siquiera cuiden las formas legales para inhibir que los funcionarios públicos actúen descaradamente para impulsar la participación de la gente en la consulta.
Los cursos de adoctrinamiento y de operación que lleva a cabo Claudia Sheinbaum con sus subalternos solo es una probadita de lo que tienen que hacer los gobernadores de Morena, tanto los que están en funciones como los que entrarán en funciones en unas semanas.
Toda la estructura del gobierno está en la consulta popular, desde los Siervos de la Nación hasta el mismo presidente y ello sin ningún cuidado de las formas legales.
No cabe duda que vivimos en un país de cínicos.